Lavado de dinero en México, un delito con poco castigo

México.- Encubrir el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, como el tráfico de drogas o de estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, extorsión y evasión fiscal, entre otras, responde al delito de lavado de dinero en México.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el objetivo de esta operación consiste en hacer que los fondos o los activos obtenidos a través de dichas actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Del 2016 al 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incautado un total de 10 mil 442 millones 795 mil 737 pesos derivados de actividades irregulares. No obstante, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lavar dinero en México es un delito del que se sale fácil.

En una investigación realizada por Laura Sánchez Ley, Míriam Castillo y Daniel Melchor, integrantes de dicha organización, se estima que en los últimos tres sexenios las autoridades fracasaron el 98 por ciento de las veces que intentaron castigar el delito de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita.

Amparos vs el lavado

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es del 2 por ciento, debido a que en los últimos trece años han sido levantadas mil 632 averiguaciones por este delito, pero solamente 44 han tenido una sentencia condenatoria. La mayoría de los condenados —expone— obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión.

Míriam Castillo, una de las creadoras de la investigación «Lavar dinero en México: un delito del que se sale fácil», detalló en entrevista para EL DEBATE que la información fue posible rastrearla luego de realizar solicitudes de acceso a la información durante un año a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Además, entre las respuestas de las autoridades, se obtuvo que durante los últimos tres sexenios 373 personas tramitaron amparos para protegerse de ser acusados del delito de recursos de procedencia ilícita.

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