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EL fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, prácticamente le apagó el micrófono al alcalde de Delicias, Jesús Alberto Valenciano, luego de que éste denunciara la supuesta operación de retenes irregulares en las carreteras Chihuahua–Delicias y Chihuahua–Juárez, donde —según versiones ciudadanas— se estarían realizando revisiones arbitrarias, cobros en efectivo y provocando largas filas a quienes regresan al país.

Desde la Fiscalía General del Estado el mensaje fue directo y sin rodeos: no existen denuncias formales por presuntas extorsiones contra paisanos en esos tramos carreteros. En pocas palabras, para la FGE lo que Valenciano anda viendo no son retenes, sino renos, Santa Claus y el espíritu navideño, porque en los archivos oficiales no hay un solo expediente que respalde sus señalamientos.

Jáuregui Moreno dejó claro que hasta el momento no se ha recibido ningún reporte oficial que acredite afectaciones reales en esas vialidades, echando por tierra las declaraciones del alcalde, que más que alertas serias, fueron calificadas en corto como ocurrencias sin sustento.

Y es que no es la primera vez que Valenciano intenta salir del anonimato a base de disparates en ruedas de prensa, lanzando acusaciones sin pruebas y, de paso, mordiendo la mano que le da de comer, al señalar a panistas del gobierno estatal por supuestamente dilatar la atención del tema.

Al final, la Fiscalía cerró filas con una postura clara: sin denuncias, no hay delito, dejando al alcalde de Delicias hablando solo, mientras sus declaraciones se diluyen entre la falta de pruebas y el ruido político.

EL exgobernador César Duarte Jáquez fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y permanecerá bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México, luego de una extensa audiencia celebrada en el Poder Judicial de la Federación.

La resolución fue emitida por la jueza de control María Jazmín Ambriz López, quien consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía para mantener al exmandatario tras las rejas mientras avanza el proceso penal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Duarte habría desviado más de 96 millones 685 mil pesos del erario estatal, de los cuales 73 millones 925 mil pesos habrían sido triangulados a empresas ganaderas vinculadas directamente a su entorno, entre ellas la Unión Ganadera División del Norte y la Financiera División del Norte, firmas en las que presuntamente figuraba como socio. Las operaciones se habrían realizado durante su administración, entre 2011 y 2013.

EN el trasfondo político, para muchos no pasa desapercibido el papel del senador morenista Javier Corral Jurado, a quien señalan como el principal impulsor para que la maquinaria institucional del actual gobierno federal se reactivara y volviera a apretar el cerco judicial contra Duarte y su círculo cercano. La reaparición de testigos protegidos ligados a la llamada “Operación Justicia Chihuahua”, programa anticorrupción promovido durante el gobierno de Corral, volvió a poner gasolina a un expediente que parecía avanzar a trompicones.

Las lecturas políticas no se hicieron esperar. Hay quienes aseguran que Corral busca reposicionarse rumbo a un futuro cargo como fiscal anticorrupción a nivel nacional, mientras otros ven en este movimiento un mensaje directo al actual titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, a quien acusan de no haber logrado resultados relevantes y de cargar con el señalamiento de haber dejado pasar oportunidades clave en casos de alto impacto.

Para sus críticos, la inacción y la falta de resultados de Valenzuela Holguín habrían terminado por detonar este nuevo capítulo judicial, dejando claro que en Chihuahua, cuando la Fiscalía local se queda corta, la factura política y legal termina cobrándose por otras vías.

 

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