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MIENTRAS integrantes del crimen organizado se pasean por las calles de Coyame del Sotol como si fueran los dueños del pueblo, sus habitantes viven entre el miedo, las amenazas y la incertidumbre de no saber quién los protegerá. La denuncia es alarmante: aseguran que actualmente no hay presencia policial que garantice su seguridad.

De acuerdo con testimonios de habitantes, esta situación no es nueva. El problema lleva años sin resolverse y, pese a las constantes denuncias, aseguran que ninguna autoridad ha conseguido poner orden.

Los pobladores señalan que Coyame del Sotol no cuenta con Policía Municipal y que, aunque elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional han estado destacamentados en la región, no realizan patrullajes constantes por las calles del pueblo.

Las quejas también alcanzan al presidente municipal, Armando Reyes Mancha, a quien habitantes señalan por presuntamente no proporcionar siquiera combustible para facilitar los recorridos de vigilancia, además de cuestionar la falta de acciones municipales para enfrentar la inseguridad.

La situación ha llegado a tal grado que, según los denunciantes, los presuntos delincuentes circulan por la comunidad con absoluta tranquilidad, mientras las familias prefieren guardar silencio por temor a represalias.

Y lo más preocupante es que los habitantes aseguran haber proporcionado nombres y domicilios de personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas, sin que hasta ahora observen resultados.

Explican que han acudido de manera anónima ante personal militar de la guarnición de Ojinaga para denunciar lo que sucede en Coyame del Sotol. Sin embargo, afirman que les solicitan datos personales, algo que consideran extremadamente peligroso ante la posibilidad de que su identidad quede expuesta.

La desconfianza es tal que algunos habitantes aseguran no sentirse seguros denunciando ante ninguna corporación, particularmente ante las autoridades de Ojinaga.

Según sus testimonios, la respuesta que reciben es que revisarán la información proporcionada, pero sostienen que los operativos y las acciones de vigilancia que esperan nunca llegan.

Así, mientras los ciudadanos denuncian y temen por sus vidas, los presuntos integrantes del crimen organizado continúan moviéndose por Coyame del Sotol sin que, según los pobladores, exista una respuesta efectiva de las autoridades.

EL exmagistrado Luis Villegas Montes sacó la calculadora, contó videos, fotografías, espectaculares y anuncios, y lanzó una acusación contra el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña: ¿quién está pagando la millonaria promoción de su imagen mientras cobra como funcionario público?

Y es que Villegas no se anduvo con rodeos ni fingió simpatía por el funcionario. Al contrario, reconoció abiertamente que su intención es impedir que De la Peña se convierta en candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua.

“Sí es personal y me cae gordo”, soltó el exmagistrado, dejando claro que aquí no solamente hay una batalla jurídica, sino también una disputa política.

Según sus cálculos, la promoción del secretario general de Gobierno podría superar los 16 millones de pesos, una cifra que, de comprobarse, obligaría a explicar de dónde salió el dinero y quién autorizó los gastos.

Villegas aseguró haber documentado 352 videos, mil 752 fotografías y 79 anuncios pagados en redes sociales, además de espectaculares, recorridos por colonias y reuniones que, a su juicio, buscan posicionar anticipadamente a De la Peña rumbo a las elecciones de 2027.

Y la denuncia no se queda solamente con Santiago. También alcanza a Silvia Margarita Alvídrez Valles, directora del Registro Civil, y Fernanda Jazmín Martínez Quintero, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, por su presunta participación en actividades de promoción política. También Rocío González Alonso y Mario García lo acuso de conseguir apoyos a esa eventual candidatura.

El exmagistrado acusa posibles actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, señalamientos que corresponderá investigar y resolver a las autoridades electorales.

 

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