Chihuahua.-Además de varias inconsistencias en el proceso que se sigue contra el magistrado Jorge Abraham Ramírez como testigos que no asisten o no pueden comprobar sus dichos, está el que la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Chihuahua, tiene una acción de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así lo señaló hoy el propio magistrado al arribar al Congreso del Estado, para la tercera audiencia por la solicitud de desafuero en su contra, donde destacó que “el propio Congreso que me eligió como magistrado y que hoy me está juzgando por un hecho de 2010 con una ley de 2018, tiene una acción de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte por esta ley y que fue presentada por algunos de los mismos diputados.

Explicó que el 33 por ciento de los diputados, entre los que está el mismo presidente del Congreso y secretario de la Comisión Jurisdiccional René Frías, fueron los que presentaron esta acción y “me parece que sí se determinará que es anticonstitucional porque los derechos no pueden ser retroactivos, y la votación que determina el Congreso fue que sea la mitad más uno de los diputados presentes, lo que es incorrecto”.

Por ello, adelantó que si el Pleno vota a favor del proceso por una mayoría presente por encima de una mayoría calificada “estarían en un problema tan grande”, porque este fue uno de los puntos por los que se impugnó el decreto, por considerar que era suficiente una mayoría simple para retirar el fuero a algún acusado.

Señaló además que en las dos audiencias a las que se ha presentado “estamos mi abogado y yo solos con solo el escrito y ellos tienen siete cajas con las pruebas que ellos dicen tener, pero que no sirven para probar nada. No tengo medios de prueba porque además no me entregaron ese famoso disco vacio”.

Agregó que los diputaos han actuado de manera indebida desde la misma recusación que formuló contra algunos integrantes de la comisión y que “entre ellos se resolvieron. La recusación contra la presidenta de la comisión la resolvió el secretario de la comisión que a su vez es el presidente del Congreso, y luego como  el presidente no se puede resolver él mismo, lo resolvió el vicepresidente que jurídicamente no existe”.

Destacó que se han desahogado pruebas de toda naturaleza “ayer hubo hasta una testigo protegido, pero lo único que han encontrado es que no pueden sostener sus acusaciones, pero están aferrados en que tengo un departamento en la torre Cenit con mi hermana que lo único que compartimos es el apellido”.

También “trajeron a una cajera que se supone recibió un pago en efectivo de mi mano, pero ella dice que no le consta que haya sido en efectivo, el Ministerio Público le preguntó sobre el mecanismo para pagos irregulares y ella dijo que sí que sale una alerta que no les permitiría recibirlo, pero si el banco tiene acreditado el pago y si no hay una prevención entonces no hubo problema con ese depósito”.