LA seguridad de Nuevo Casas Grandes volvió a convertirse en tema de discusión, luego de que la presidenta municipal Edith Escárcega exigiera nuevamente el regreso de la Seguridad Pública y la Policía Vial al municipio.
La alcaldesa del Partido del Trabajo llevó la petición hasta la mesa de seguridad y señaló que desde hace aproximadamente dos años el municipio enfrenta la falta de una corporación preventiva propia, luego de que autoridades estatales no han autorizado los procesos necesarios para realizar exámenes de confianza y contratar nuevos elementos.
Escárcega incluso entregó una petición dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que Nuevo Casas Grandes necesita recuperar su capacidad de seguridad municipal.
“Entregamos una gran petición de lo que adolecemos mucho en Nuevo Casas Grandes, que es la seguridad pública municipal”, señaló.
El asunto, sin embargo, divide opiniones entre los habitantes.
Por un lado, hay quienes consideran que la presencia de la Policía Estatal ha permitido contener a grupos del crimen organizado que durante años mantuvieron bajo presión a la región. Pero también existen ciudadanos que denuncian presuntos abusos y consideran necesario que el municipio vuelva a contar con una corporación propia y con mayor autonomía.
La discusión no es menor: ¿quién debe tener el control de las calles de Nuevo Casas Grandes, una corporación estatal o una Policía Municipal bajo el mando del Ayuntamiento?
Durante la mesa de seguridad, Escárcega dejó clara su postura frente al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya:
“Lo más seguro que tengo en la vida es la muerte y no tengo miedo, y vamos a defender a Nuevo Casas Grandes”.
El reclamo vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre seguridad, autonomía municipal y control estatal, en una región donde el antecedente de la delincuencia organizada hace que cualquier cambio en el modelo policial tenga consecuencias que van mucho más allá de una simple decisión administrativa.
LO que debía ser el cierre de una carrera universitaria se convirtió, según la denuncia de un egresado, en un pleito administrativo y legal contra la Universidad de Durango, Campus Chihuahua, por la presunta retención de documentación necesaria para concluir su proceso de titulación.
El caso involucra a Manuel Samir García Beltrán, egresado de Medicina General y señalado como estudiante de excelencia, quien acusa a la institución de haber condicionado la entrega de su Carta de No Adeudo y, con ello, la continuación de su trámite de titulación, debido a supuestos adeudos o penalizaciones que —afirma— fueron reclamados de manera retroactiva.
El asunto sube de tono por otra acusación: la presunta solicitud de pagos de hasta 30 mil pesos en efectivo, supuestamente realizados directamente en oficinas administrativas y fuera de los canales ordinarios de pago. De comprobarse, la pregunta sería inevitable: ¿por qué un cobro universitario terminaría manejándose de esa manera?
El denunciante sostiene además que durante años no se le habría informado oportunamente de esos supuestos adeudos y cuestiona que aparezcan cuando ya se encuentra en la etapa final de su formación profesional.
El caso no debería quedarse solamente en un pleito entre un alumno y una universidad. Si existen documentos, recibos, transferencias, comunicaciones o testimonios que respalden las acusaciones, corresponde a las autoridades competentes determinar si hubo irregularidades administrativas, cobros indebidos o alguna conducta ilícita.
Porque una cosa es que una institución cobre lo que legalmente corresponda y otra muy distinta sería utilizar documentos académicos como mecanismo de presión para obtener dinero.
Ahora el balón está en la cancha de la Universidad de Durango y de las autoridades educativas: explicar con documentos qué se debe, desde cuándo se debe, por qué no fue reclamado oportunamente y, sobre todo, bajo qué fundamento se habría condicionado la documentación del estudiante.
Hasta que existan investigaciones y resoluciones formales, las acusaciones deben considerarse señalamientos no comprobados.
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