“UN DILEMA enfrentan los abogados del gobernador priista de Chihuahua, César Duarte.

AHORA que el mandatario electo, el panista Javier Corral, quiere que Duarte rinda cuentas de sus actos, los encargados de defenderlo son dos ex titulares de la PGR: Antonio Lozano y Arturo Chávez.

EL ASUNTO es que ambos son panistas y, en una de esas, acaban confrontándose con su correligionario.

VAYA, que no es lo mismo tener un conflicto de interés que tener un interés en el conflicto”.

Es un tema al que obviamente daremos seguimiento y atención puntual.

Ahora que está el irregular proceso transicional al nuevo gobierno chihuahuense y que de muchas partes nos llegan noticias de la destrucción de evidencias y alteración de documentos y archivos, conviene recordar una nota que publicó el periódico El Heraldo el 2 de abril del año 2015, con la firma de Jesús Manuel Ruiz, y que se cabeceó de la siguiente manera: en el balazo, “Investiga Fiscalía”; la cabeza, “Roban información privada del gobierno”, y en el llamado, “Contiene datos acerca de conflictos que enfrenta la administración”.

El despliegue de la nota parece no tener desperdicio: “La unidad de procesamiento central –CPU– de la computadora de almacenamiento de informes enviados a la Secretaría General del Gobierno del Estado, fue robada la mañana de ayer (1º de abril de 2015) del Departamento de Control y Análisis en el que se contiene toda la información detalladas de los conflictos que enfrenta el estado de Chihuahua”.

En el pase a interiores, la nota continúa así: “Por el perfil de la información, la Fiscalía General del Estado, así la Dirección de Gobernación, iniciaron ayer una investigación a profundidad que incluye a todo el personal del departamento, pues no fueron violadas cerraduras ni forzadas las puertas, informó el titular de Comunicación del gobierno del Estado, Federico Guevara”.

Se agrega: “Los archivos contienen los envíos de cada uno de los conflictos, particularmente sociales, en donde se señalan causas, factores que intervienen, intereses, etcétera, por lo que es de fundamental importancia el recuperarlo y dar con los responsables de la sustracción”.

Y dice además: “En esa circunstancia, la autoridad estatal estará atenta al uso que se pueda dar a la información privada que en el CPU se contiene, pues existen por lo menos tres delitos que los responsables tendrán que pagar”.

Si endenantes, cómo estará ahora.

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