SE dice un experto jurista. Pero ni con todo el poder que ostenta como Magistrado y Consejero de la Judicatura, además de mostrarse como el operador de Maru Campos y autodestaparse en cada «borrachera» como el próximo presidente del TSJE , Luis Villegas cada vez pierde más la cabeza y el piso, y todo por favores que ni eran para él.
Esta semana que transcurrió, intentó sabotear la investigación que se sigue en su contra, en la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA), por los delitos de extorsión, amenazas, injurias e intimidación que supuestamente cometió en contra de la Juez Sabela Asiain Hernández. Así como se lee.
A la fecha, ya deberían de haber declarado los testigos de estos delitos, Yoselyn Lazos, Selene Mendoza y el Secretario General del TSJE Fernando Mendoza. Pero en vez de ello, se descarrila todo el procedimiento, por una burda actuación, ya que Luis Villegas exigió a la UIRA hacer un procedimiento a modo, alterando las declaraciones de los testigos, entre otras linduras. Desde luego esto fue inmediatamente denunciado en diversas instancias por la Jueza Sabela Asiain, quien exigió la suspensión de las comparecencias y que se repusieran cubriendo todas las formalidades. ¿A que le teme Luis Villegas, que tiene que recurrir a estas marrullerias?. Con todo lo que ha echo para denostar el trabajo de la juez Sabela Asiain y evitar que se defienda, exhibe que realmente cometió los delitos de los que se le acusa.
Por lo pronto ya cayó la primera funcionaria que se avienta a hacer el trabajo sucio de Luis Villegas, se trata de la investigadora de la UIRA ABRIL TORRES SAMANIEGO. ¿Cuantos funcionarios más| irán a caer, por encubrir los delitos de Luis Villegas Montes?
MIENTRAS que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) decía que infraccionarán por placas extemporáneas, el secretario de Gobierno aseguraba que no habrá tales sanciones, y para darle más azotón, lo anuncia de manera oficial en la redes sociales del Estado.
Con ello Gilberto Loya, titular de la SSPE, quedó con su cara de “Whats” ya que era una orden indicar que el 1 de Septiembre iniciarán las multas a los vehículos que traigan placas sobrepuestas, ya que buscarían asustar a la ciudadanía para obtener más ingresos pero la cosa cambió, pues el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui aseguró lo contrario.
“Con respecto a la información que se ha estado mencionando sobre que el Gobierno del Estado piensa infraccionar a personas que tenga placas extemporáneas una vez vencido el término del replaqueo, se informa que con toda precisión que esto no va a ocurrir”, dijo César Jáuregui.
“El Gobierno del Estado no va a multar a nadie porque tenga placas extemporáneas, porque entendemos en primer lugar la situación por la que está atravesando la gente lo que tenemos que hacer es incentivar el cumplimiento de la medida y el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y otros instrumentos va a buscar que los ciudadanos cumplan como hasta el momento lo han hecho de manera ejemplar”, añadió el funcionario.
“No habrá multas ni infracciones a la gente que no haya alcanzado a cambiar sus placas por las actuales. Vamos a ser vigilantes que esta medida se cumpla”, finalizó Jáuregui.
YA corrieron al director del COBACh Marco Licón, pero ¿Y qué ha pasado con la investigación de la corrupción de los uniformes?
En el Colegio de Bachilleres de Chihuahua ya se quedaron callados, pero ahora los ciudadanos piden que no debe detenerse el asunto por el “sacrificio del funcionario”, es decir, del director Marco Licón, quien habría renunciado por no haber avisado a las autoridades educativas.
En el Congreso, los diputados estan en espera de la respuesta de la Función Pública respecto al intento del millonario lucro con los uniformes del Cobach, que a decir de varios padres de familia salían mucho más caros que el pago de la inscripción, pero que solo se suspendieron de manera temporal.
Una de las diputadas cxuestionó también el proceso para el pago de los paquetes de uniformes e útiles escolares para estudiantes de los Bachilleres, sobre todo porque “se monopolizó la adquisición de los artículos en una sola empresa y el dinero para el pago se depositaba de manera directa a la cuenta de un particular y no una cuenta oficial”.
Lo peor, agregó, es que hasta la mañana del jueves pasado la situación seguía vigente y la cuenta bancaria “seguramente recibió depósitos que no se justifican” y que además no se sabe si se devolverá el dinero a quienes sí hicieron el pago.
Por ello, recordó que se presentó una denuncia ante la secretaría de la Función Pública para que se investigue al hoy ex director Marco Licón Barraza, para que explique y responda por sus acciones que supuestamente no habían sido consultadas ni con el secretario de Educación y Deporte Javier González ni con la gobernadora María Eugenia Campos.
