CIUDAD Juárez vuelve a brillar… pero de vergüenza. La Policía Municipal, esa que presume operativos y filtros por toda la ciudad, resulta ahora embarrada en una red de prostitución infantil, venta de droga y protección a bares donde la ley se aplica con tarifa y no con justicia. El escándalo del bar Lupe Lupe, clausurado tras meses de denuncias, exhibe la podredumbre institucional: agentes municipales que servían de “seguridad privada”, oficiales cuidando las puertas del pecado y un antro que funcionaba más como burdel con membresía que como negocio nocturno.
¿Y la sorpresa? Ninguna. Desde hace años en Juárez se habla de “after” protegidos, de menores explotadas y de policías que prefieren mirar hacia otro lado mientras cobran su cuota o reciben su copa gratis. Esta vez la evidencia reventó porque la FEM ya investiga casos de jovencitas regenteadas dentro del local.
Lo más nauseabundo no es solo el delito, sino la estructura de impunidad que lo permite. El nombre de un policía —Jonathan Lorenzo Cruz Jáuregui— no es más que la punta del iceberg de un cuerpo policial carcomido desde dentro. Si hay un infierno en la tierra, Juárez ya tiene su sucursal con uniforme y placa.
MIENTRAS en Juárez los policías custodian prostibares, en el resto del estado se dedican a cuidar torres: las del Sistema Centinela. Esas estructuras que se vendieron como el “gran ojo del gobierno”. Los ataques a las torres de vigilancia en la región Noroeste —Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Buenaventura y Madera— están cobrando venganza.
Y es que a pesar que cada arco derribado, cada cámara destruida, los cubrirá la aseguradora, los responsables están cayendo poco a poco, y se espera que se paguen en prisión con un cheque.
Por ahora, la SSPE manda mensaje a los vándalos ya que tras un operativo en el municipio de Nuevo Casas Grandes, aseguraron a seis personas responsables de estos daños, entre ellos tres menores de edad, que portaban armas largas, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo. Uno de los detenidos es un menor de iniciales D. P. A., de 16 años; la menor J.L.M., de 17; el menor L.F.V.M., también de 16; así como los adultos Jorge G. R.; Sergio O. C., de 22 años, y Ana Carmen F. T., de 23 años de edad.
Se espera que la SSPE se ponga firme pues tiene varias imágenes y videos donde los involucra con los recientes daños, y con ello se espera que se paren un rato este tipo de agresiones a los sistema del Estado.
EL destino de camiones retirados da mucha tela que cortar. Y es que desde Congreso del Estado pidieron exhortar al Gobierno del Estado a informar sobre el destino de las unidades de transporte, que fueron retiradas de circulación en la capital y sobre las acciones concretas para mejorar el servicio de rutas en Ciudad Juárez.
Se recordó que el pasado 2 de octubre el Gobierno estatal anunció la incorporación de 40 nuevos camiones en Chihuahua, con una inversión estimada de 315 millones de pesos, pero no se ha informado qué ocurrirá con la flotilla anterior adquirida durante las administraciones de César Duarte y Javier Corral, la que aún representa un patrimonio valioso para el estado.
Se advirtió que existe preocupación de que dichas unidades puedan ser malvendidas o desechadas, como ocurrió en 2020 con 82 camiones de la Ruta Troncal Mercedes-Benz, que fueron rematados por un monto 34% menor a su avalúo original, por lo que se pide transparencia sobre si los vehículos serán reparados, reutilizados o desincorporados definitivamente.
En cuanto a Ciudad Juárez, aunque el estado ha entregado nuevas unidades del Juárez Bus, el problema de movilidad persiste ya que según el informe “Así estamos, Juárez” del Plan Estratégico de Juárez, el promedio de satisfacción ciudadana con el transporte público es de 5.4 puntos, muy por debajo de lo deseable, y que apenas 0.3% de los juarenses usa el sistema BRT, mientras que más del 2% utiliza las rutas convencionales.
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