México.- La ejecución del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar el pasado 8 de noviembre en Manzanillo, Colima, no es un hecho aislado ni un ataque casual de la delincuencia común. Se trata de un crimen con nombre, apellido y claros hilos de poder que alcanzan a la propia Secretaría de Marina y al círculo cercano del entonces gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
Guerrero denunció, con documento en mano, que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna —sobrinos políticos del anterior Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán— operaban una red de corrupción y huachicol fiscal en puertos y aduanas, utilizando marinos para cubrir sus intereses. Pocas semanas después, fue ejecutado bajo un modus operandi que ya se había repetido en octubre con Magaly Janet Nava Ramos, trabajadora de la FGR en Colima. Ambos crímenes están ligados a la misma estructura delictiva, según la propia Fiscalía.
La carta que firmó su sentencia de muerte
El 14 de junio de 2024, Guerrero envió una carta directa al Almirante Ojeda Durán. En ella señalaba a los Farías y detallaba cómo capitanes de confianza movían piezas dentro de las aduanas para garantizar el control de negocios ilícitos. Esa carta fue localizada en su oficina en Chiapas. Con la llegada del nuevo Secretario de Marina, Raymundo Morales, Guerrero fue citado en octubre. Un mes más tarde estaba muerto.
No se trata de coincidencias: Guerrero entregó a la Marina cada lugar en el que estaría durante sus vacaciones, y aun así, fue cazado en Manzanillo. La FGR lo deja claro: sólo personal interno de la Marina conocía sus movimientos.
El elefante en la sala: corrupción de uniforme blanco
La investigación ya tiene en la mira a 10 oficiales y funcionarios de Aduanas, además de la detención del Vicealmirante Roberto Farías en septiembre. Pero el hermano, el Contralmirante Fernando Farías, sigue prófugo. ¿Casualidad? Difícil creerlo cuando la propia Fiscalía señala la posible participación de marinos en activo en la ejecución de Guerrero.