HAY decisiones que no solo se toman con reglamentos, sino con humanidad. Y lo que está ocurriendo en el panteón Panteón La Colina parece haber olvidado por completo ese principio básico.
Ordenar el retiro TOTAL de adornos, placas y recuerdos de las tumbas, con una fecha límite impuesta de manera repentina, no es una medida administrativa cualquiera: es un golpe directo a la memoria emocional de cientos de familias. No se trata de objetos decorativos sin valor, sino de símbolos profundamente humanos: flores que no se marchitan en el recuerdo, placas que hablan de vidas vividas, pequeños detalles que ayudan a sobrellevar el duelo.
El argumento del “orden” o el “mantenimiento” se queda corto cuando no se explica con claridad cuál es el problema real. Si estos elementos han permanecido durante años sin representar riesgos ni afectar a terceros, la decisión luce más como una imposición unilateral que como una necesidad urgente. Y ahí es donde surge el verdadero conflicto: la falta de diálogo.
Porque además, no se puede ignorar un punto clave: las familias han pagado por ese espacio. No es un favor, no es una concesión gratuita. Es un servicio que debería incluir no solo mantenimiento físico, sino también respeto por el vínculo emocional que existe con quienes ya no están. Reducir ese espacio a un terreno “limpio” pero vacío de significado es despojarlo de su esencia.
Nadie está en contra del orden. Lo que se exige es criterio. Existen alternativas: regulación de tamaños, materiales permitidos, mantenimiento supervisado. Hay muchas formas de equilibrar la estética con el respeto, sin recurrir a medidas radicales que terminan por borrar la identidad de cada tumba.
LO que ocurre al interior del Instituto Estatal de Seguridad Pública no es un simple desorden administrativo: es el retrato de una institución que ha normalizado la simulación, el abuso de poder y el abandono de sus funciones más básicas.
Desde mayo de 2025, el área de Posgrado, bajo la responsabilidad de Cinthia Deisy Gómez Esparza, parece haberse convertido en un espacio donde el tiempo se detuvo… pero solo para los estudiantes. Para ellos no hay títulos, no hay respuestas y, mucho menos, soluciones. Meses de espera se han transformado en frustración acumulada, en carreras detenidas y en oportunidades laborales perdidas. La educación, que debería ser una herramienta de ascenso, aquí se ha vuelto un cuello de botella.
Pero mientras los egresados siguen en pausa, la nómina parece moverse con una agilidad sospechosa. La creación de una “unidad de investigación” no suena a impulso académico, sino a un mecanismo conveniente para inflar pagos que rondan cifras escandalosas. Más grave aún es el señalamiento de favoritismos: familiares y amistades cercanas colocadas estratégicamente para beneficiarse del presupuesto público. No es investigación, es un sistema de recompensas disfrazado.
A esto se suma un ambiente laboral que, lejos de fomentar el desarrollo institucional, está marcado por denuncias de maltrato y autoritarismo. Personal que huye, otros que buscan refugio en distintas áreas, y un clima interno que se erosiona día con día. Cuando una institución expulsa a su propia gente, algo está profundamente mal en su estructura.
Y mientras todo esto ocurre, el Instituto luce vacío. Sin cadetes, sin actividad visible, sin rumbo claro. La ausencia de formación policial no solo es un problema interno, es un riesgo directo para la seguridad pública. ¿Dónde están los recursos? ¿En qué se están invirtiendo? Las respuestas, como los títulos, tampoco llegan.
La falta de liderazgo también pesa. La figura del “jefe Steven”, ausente en medio del caos, refuerza la sensación de que cada quien opera por su cuenta, sin dirección ni consecuencias.
Lo verdaderamente preocupante no es solo lo que se denuncia, sino lo que se tolera. Porque cuando una institución encargada de formar a quienes deben garantizar el orden se hunde en el desorden, el mensaje es claro: la impunidad también se enseña.
El Instituto Estatal de Seguridad Pública no necesita ajustes menores, necesita una revisión profunda, urgente y sin simulaciones.
– Las diputadas federales por Chihuahua, Greycy Marian Durán Alarcóny Lilia Aguilar criticaron en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la formación policial en la Secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por poner en peligro a la ciudadanía.
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