HAY funcionarios que informan… y hay otros que adornan. El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, parece haber optado por la segunda categoría: la de los discursos tersos, los temas “bonitos” y las respuestas cuidadosamente maquilladas para no incomodar a nadie… salvo a la realidad.
Porque mientras el fiscal pule su narrativa —esa que suena bien en micrófonos y mejor en aspiraciones políticas—, el estado de derecho sigue siendo una promesa en obra negra. La seguridad, por su parte, permanece como ese invitado incómodo del que nadie quiere hablar en voz alta. Y cuando se le cuestiona, el silencio no solo es evidente, es ensordecedor.
Uno de los casos, el de Atascaderos, en Guadalupe y Calvo, es el ejemplo perfecto de esta desconexión. Familias desplazadas por la violencia desde febrero, obligadas a huir de sus hogares como si la sierra fuera territorio sin ley —porque, en los hechos, lo es—. Pero en la versión oficial todo parece ir mejor: vigilancia reforzada, retornos graduales, control institucional. Una historia tan optimista que raya en la ficción.
La realidad, sin embargo, no se escribe en boletines ni con entrevistas a modo
Donde el discurso sigue impecable. No vaya a ser que la crudeza de los hechos arruine el perfil de quien ya se perfila para la siguiente boleta electoral. Porque en tiempos de campaña adelantada, la seguridad pasa a segundo plano y la imagen pública se convierte en prioridad.
QUIEN fuera director de Prevención Social en el municipio de Ciudad Juárez, allá por el año 2014, Josué Carlos Westrup Corral, se ha convertido en un dolor de cabeza para los vecinos del residencial Leones.
Esa joyita del servicio público reciclado en problema vecinal este video-grabado haciendo actos de vandalismo, casualmente dirigidos a las cámaras. Hay sospechas de que pudiera estar relacionado con ataques con bombas incendiarias a una caseta de vigilancia del mismo residencial.
Pese a que existen denuncias, al personal de la fiscalía del estado parece que le corre atole por las venas, pues no han hecho nada aún y con las pruebas que existen.
Y es que en Chihuahua hay talentos especiales: gente que puede convertir cargos públicos en blindajes personales. ¿De quién estará agarrado este exfuncionario? Porque lo que es de la ley, claramente no.
Mientras tanto, los vecinos de Leones no solo lidian con el miedo o la indignación, sino con esa sensación tan mexicana de déjà vu: saber que el problema está identificado, señalado y denunciado… pero intocable. Como si la justicia fuera otra caseta más: quemada, vigilada y completamente inútil.