CON los tres votos a favor del total de sus integrantes, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado aprobó ayer jueves declarar el 2 de noviembre de cada año, como día inhábil para las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
A petición de la propia presidenta de la comisión, la diputada del Partido del Trabajo América Victoria Aguilar, en una breve reunión de apenas diez minutos, los tres integrantes, una del PT, otro de Morena y una del PAN, aprobaron dar otro día de asueto a trabajadores del gobierno.
En su iniciativa, que presentó apenas el 5 de noviembre de 2025, Aguilar señala que la fecha se ha vuelto una gran celebración que además deja una gran derrama económica, pero que “en el ámbito de la administración pública estatal, el Código Administrativo del Estado de Chihuahua no reconoce formalmente esta fecha como día inhábil, lo que genera ciertas inconsistencias entre el calendario cívico, las tradiciones sociales y el régimen jurídico-administrativo”.
Y aunque señala que en la práctica a muchas personas se les da el día libre, dice que “establecer el 2 de noviembre como día inhábil contribuiría a armonizar los calendarios laborales, otorgando certidumbre a los servidores públicos y ciudadanos respecto a los plazos y trámites administrativos”.
Además de permitir a las personas “realizar libremente las actividades que son tradición para el pueblo mexicano, sin implicar afectaciones económicas relevantes, al tratarse de un solo día de suspensión anual”.
EN Chihuahua, el secretario de Salud, Gilberto Baeza, ha mostrado eficacia para cubrir vacíos operativos que venían arrastrándose dentro de la dependencia. En áreas administrativas y de coordinación interna ha logrado ordenar procesos que estaban dispersos. Ese punto suma en su balance.
Pero el programa insignia del actual gobierno estatal, MediChihuahua, no camina con la misma firmeza en todos los frentes. Hay casos donde sí ha resuelto atención y cobertura médica; en otros, las deficiencias internas lo perfilan como una bomba de tiempo. Fallas en organización, seguimiento y control dejan ver problemas de gestión que todavía no se corrigen de fondo.
El problema no es solo técnico, también es político. Los resultados positivos no se documentan ni se difunden con la fuerza necesaria. Sin datos públicos claros y sin narrativa institucional sólida, el programa pierde terreno frente a la crítica, aun cuando existan historias de éxito que podrían respaldarlo.
En el Congreso, al secretario Fortachón no le ha ido mejor. Durante comparecencias, sus respuestas técnicas han sido titubeantes y han abierto flancos innecesarios. A eso se suma la inconformidad interna en la Secretaría y en el Instituto Chihuahuense de la Salud, donde empleados señalan cargas laborales elevadas y condiciones que comparan con esquemas precarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. La presión ya no es externa: se está acumulando dentro del propio sistema.
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