LA molestia crece dentro de los Ceresos de Chihuahua: custodios y policías procesales cuestionan lo que consideran una justicia con doble rasero, luego de que cuatro policías procesales fueran enviados a prisión preventiva por su presunta participación en la muerte de un detenido, mientras que otros funcionarios penitenciarios señalados dentro de las mismas investigaciones permanecen en sus puestos.
El señalamiento apunta directamente hacia el General de División Ricardo Fernández Acosta, titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSPE, a quien desde el interior de los penales acusan de mantener una protección a ultranza hacia determinados custodios y mandos penitenciarios.
El enojo entre los policías procesales es evidente: aseguran que mientras ellos están enfrentando un proceso penal y permanecerán privados de la libertad, existen custodios y superiores que también han sido señalados por presunta participación o conocimiento de hechos irregulares dentro de los penales, pero que hasta ahora no enfrentan consecuencias similares.
El caso que encendió nuevamente la inconformidad corresponde a la muerte de un detenido ocurrida el 8 de julio, por la cual cuatro policías procesales fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y tortura. El juez impuso prisión preventiva durante el desarrollo del proceso y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Yes que desde el interior de los Ceresos de Chihuahua y del Cereso número 3 de Ciudad Juárez han surgido versiones que cuestionan el trato que reciben algunos custodios y mandos, a quienes se les atribuye presunta participación o conocimiento de diversos hechos delictivos registrados al interior de los penales.
Los policías procesales sienten que su propio jefe está cargando toda la responsabilidad sobre ellos, mientras que otros integrantes del sistema penitenciario presuntamente involucrados permanecen protegidos.
Y no es la primera vez que dentro de los Ceresos aparecen señalamientos de este tipo.
MORENA llegó a la carrera por Chihuahua con una posición que muchos partidos quisieran tener: una estructura nacional poderosa, presencia en los principales municipios y mediciones que durante meses colocaron al partido guinda como una de las fuerzas competitivas rumbo a 2027.
Pero en lugar de capitalizar esa ventaja, sus decisiones internas están abriendo nuevos frentes de conflicto.
La más reciente: la designación de Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, apenas una semana después de que Cruz Pérez Cuéllar fuera “impuesto” para encabezar los trabajos rumbo a la gubernatura.
Y ahí comenzó nuevamente el ruido.
El reclamo resulta políticamente incómodo para Morena: durante años, el discurso del movimiento ha sido precisamente combatir las prácticas de la vieja política. Ahora, militantes inconformes preguntan por qué no se abrió un proceso para que los aspirantes se registraran y posteriormente fueran medidos.
La crítica incluso circula desde dentro del propio partido:
“Morena tiene reglas claras. Nuestros estatutos obligan a emitir una convocatoria pública para que todos los militantes puedan registrarse y competir. Después de eso, se elige mediante encuesta.”
La pregunta que acompaña ese reclamo es sencilla: si Andrea Chávez tenía posibilidades de ganar una encuesta, ¿para qué saltarse el procedimiento?
Y ahí está el riesgo político: tener ventaja no significa tener asegurada la elección.
Morena tiene todavía un enorme capital político en Chihuahua, pero las decisiones que generan inconformidad entre sus propios grupos pueden terminar convirtiéndose en un problema de organización, unidad y credibilidad.
El partido del “no al dedazo” terminó usando el dedazo
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