EL relevo en la dirigencia nacional de Morena no es un simple cambio de nombre: es un intento urgente por recomponer el control interno antes de que el proyecto político llegue a su primera gran prueba sin el cobijo directo del poder presidencial.
La llegada de Ariadna Montiel a la presidencia del partido, impulsada por Claudia Sheinbaum, es para cerrar filas, ordenar la casa y evitar que el 2027 se convierta en un campo de batalla desbordado.
Llamo la atención que la nueva dirigencia habló de corrupción con un tono que no es nuevo, pero sí más urgente. Morena vuelve a prometer que no permitirá perfiles manchados en candidaturas, que no bastará con ganar encuestas, que la “trayectoria impecable” será requisito. Suena bien. Suena necesario. Pero también suena repetido.
En Chihuahua, la presencia de figuras como Cruz Pérez Cuéllar, alineado con Montiel, confirma que el 2027 no se está esperando: ya se está operando.
Pese a ello, Andrea Chávez es quien tiene la más alta preferencia con el 57.8%. Le sigue Cruz Pérez con el 22.3%; Juan Carlos Loera con el 13.3% y Mayra Chávez Jiménez con el 6.6%.
Tras el Congreso Nacional de Morena, Andrea Chávez respaldo a la nueva dirigencia nacional de Morena y destacó la unidad del movimiento. A través de sus redes sociales, la legisladora afirmó que Morena es la principal herramienta para enfrentar a los “corruptos y vendepatrias” tanto en Chihuahua como en el país, al tiempo que agradeció el apoyo de la base militante que, dijo, le ha permitido representar al movimiento.
Chávez enfatizó que uno de los principales retos será erradicar los espacios donde aún persisten prácticas de corrupción, al tiempo que llamó a consolidar la transformación bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando que es momento de mujeres y de relevo generacional en la vida política del país.
EN el Municipio de Aquiles Serdán andan preocupados por una mujer que tiene problemas mentales, y se pone violenta. Con cuchillo en mano anda echando bronca, y lo preocupante es que las últimas veces la provocado daños a menores de edad. Esto no es un hecho aislado ni un “caso incómodo” que pueda ignorarse: es la evidencia de un sistema que sigue sin saber —o sin querer— responder cuando la salud mental se cruza con el riesgo social.
La mujer con aparentes trastornos mentales, sin atención médica, deambula en condiciones que ya escalaron a la agresión. Hay denuncias, hay antecedentes recientes de violencia, incluso episodios que involucran a menores. Y aún así, la respuesta institucional es el silencio. Ni intervención médica oportuna, ni protocolos claros, ni coordinación entre autoridades.
Aquí es donde el discurso oficial se rompe.
Porque si realmente se entiende que esto es un problema de salud —y no únicamente de seguridad pública— entonces la omisión es doblemente grave. No se trata de criminalizar a una persona vulnerable, pero tampoco de abandonar a una comunidad entera a su suerte.
El argumento de que “no actúan por ser mujer” abre otro ángulo incómodo. Si existe temor institucional a intervenir por cuestiones de género, entonces lo que hay no es perspectiva, sino parálisis. La ley no puede aplicarse con miedo ni con cálculos políticos; debe aplicarse con protocolos, con especialistas y con responsabilidad.
No se necesita otro reporte ni otra denuncia archivada. Se necesita acción coordinada: intervención médica urgente, evaluación psiquiátrica, acompañamiento institucional y medidas de protección para la comunidad. Todo dentro del marco legal, pero con la urgencia que el caso exige.
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