A pesar de los millones de pesos invertidos en tecnología, patrullajes y operativos “estratégicos”, lo ocurrido en Rancho Anapra demuestra que el sistema de seguridad no solo está fallando: está colapsado. Y ninguna manifestación de violencia extrema debe normalizarse. Este hecho debe llamar a la reflexión… pero, sobre todo, a la acción.
En una escena que recuerda a un fusilamiento múltiple, tres mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos en plena calle. Las víctimas, aparentemente trabajadoras de la industria maquiladora que regresaban de su segundo turno, fueron obligadas a bajar de un vehículo, colocadas contra la banqueta y acribilladas sin piedad.
Se supone que la colonia Rancho Anapra es “prioritaria” para los operativos conjuntos. Pero si de día esa presencia es insuficiente, de noche es prácticamente inexistente: un territorio fantasma, donde las patrullas brillan por su ausencia y la delincuencia impone su ley sin obstáculos.
Peor aún, no solo falla la contención en campo de los grupos criminales —que mantienen control absoluto sobre sus territorios—, sino también las tareas de inteligencia para desarticularlos. La prevención, el combate a la distribución de drogas y hasta la vigilancia en centros laborales han sido relegadas al olvido.
En la escena, peritos localizaron casquillos de distintos calibres. Las víctimas, aún sin identificar oficialmente, fueron descritas físicamente: tres mujeres —dos de entre 25 y 30 años, y otra de entre 45 y 50— y un hombre de entre 45 y 50 años.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia. Sin embargo, mientras no se rompa el ciclo de simulación institucional y territorio criminal, hechos como este seguirán escribiéndose en las páginas rojas de la ciudad.
TRAS la resolución del Poder Judicial sobre la denuncia por violencia política de género interpuesta por la síndica Olivia Franco contra el regidor morenista Miguel Riggs, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, optó por la prudencia… o por la evasión.
Bonilla afirmó que hay que “ser muy respetuosos” del curso legal, recordando que Riggs aún puede impugnar. Sin embargo, evitó detallar el contenido del fallo o fijar una postura firme, limitándose a declaraciones de manual: “No podemos permitir que el machismo siga prevaleciendo” y “es tan valiosa la participación de una mujer como la de un hombre”.
El alcalde destacó la inclusión femenina en cargos públicos, incluso en el Poder Judicial, donde —dijo— algunos hombres han sido desplazados para dar paso a mujeres con mayor votación individual. Una afirmación que, aunque suene a respaldo, se queda en el terreno de lo políticamente correcto y no entra en el fondo de un caso que exhibe cómo la violencia política de género sigue siendo moneda corriente en la vida pública local.
Bonilla cerró deslindándose: será la autoridad electoral —y la conciencia del propio Riggs— la que determine si debe ofrecer disculpas. Mientras tanto, el mensaje hacia las mujeres en política es claro: La violencia política de género se combate… siempre y cuando no incomode a nadie del cabildo.
LA promesa oficial fue clara: en julio llegarían los medicamentos oncológicos a los hospitales. La realidad, igual de clara: agosto llegó… y las medicinas no. Ayer, pacientes con cáncer y sus familias salieron a las calles en varios Estados para exigir lo que el Gobierno no ha podido garantizar: el derecho a vivir.
La voz de cientos de manifestantes, retumbó una advertencia que el Gobierno parece no querer escuchar: el desabasto mata.
“Queremos vivir, queremos vivir”; “Exigimos abasto ya”; “No nos mientas, Presidenta” —fueron algunas de las consignas que no solo se escucharon en ciudad de México, sino también en varios Estados donde la indignación rebasó las paredes de los hospitales públicos, y en Chihuahua no es la excepción en este grave problema.
Y es que también el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció ante la Academia Nacional de Medicina lo que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador negó sistemáticamente durante todo su sexenio: el desabasto es real, sostenido y criminal.
Mientras el Gobierno insiste en discursos y “planes de trabajo”, los pacientes oncológicos viven —o mueren— al margen de promesas rotas. La enfermedad no espera, y cada día sin medicinas es una condena que el Estado, por omisión, firma.
La enfermedad no espera. El cáncer no perdona. La negligencia, tampoco.
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