Por mandato judicial y ante la amenaza de sanciones incluso penales contra los más altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar, encabezada por María Luisa Albores, el gobierno federal restituyó los recursos del programa de estancias infantiles a 30 guarderías de Chihuahua que obtuvieron amparos para dicho efecto.
Sin embargo, el gobierno federal se mantiene en desacato y apercibido de pagar los 950 pesos mensuales por niño a otras 140 estancias infantiles en Chihuahua, así como a cientos más en Colima, Nuevo León, Jalisco y Sinaloa, donde los afectados ganaron ya suspensiones definitivas, confirmaron Clara Torres, ex directora del programa, y el diputado federal panista Mario Mata, uno de los principales promotores de los recursos de amparo.
MILENIO solicitó la versión de la secretaria María Luisa Albores al respecto, pero su oficina de Comunicación Social respondió que, debido a su “apretada agenda”, la funcionaria no tiene oportunidad de atender a la prensa esta semana.
De acuerdo con resoluciones del juzgado segundo de distrito en Chihuahua, la violación a la suspensión definitiva por parte de la Secretaría del Bienestar como autoridad responsable quedó fundada y, en razón de ello, le instó a cumplir el pago correspondiente, “con el apercibimiento de que, de no hacerlo, será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que establecen las fracciones III y V del artículo 262 de la Ley de Amparo”.
“INCUMPLIR ES UN DELITO”
Consultado al respecto, el jurista de la UNAM y ex subprocurador general Everardo Moreno sostuvo que el incumplimiento de una suspensión dictada por un juez implica la comisión de un delito, el cual puede ser sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, así como destitución e inhabilitación por el mismo periodo para ocupar cargos públicos.
“El juicio de amparo es un juicio que protege los derechos humanos y la autoridad que no respeta una decisión de un juez federal está atentando contra los derechos humanos y está dejando de cumplir una orden del Poder Judicial de la Federación”, puntualizó.
Por separado, en entrevista, la ex responsable del programa de estancias infantiles, Clara Torres, precisó que hasta ahora se han promovido cerca de 4 mil 500 amparos en todo el país contra la cancelación del programa, pero el gobierno federal se mantiene en desacato con respecto a la mayoría de las suspensiones otorgadas.
“Es un desacato, un delito, porque está violando una orden judicial y entonces ese ya es un delito penal, y además tiene cárcel, multa y destitución e inhabilitación del cargo.
Estas son las consecuencias de no obedecer”, puntualizó.
El diputado Mario Mata detalló a su vez que el juez segundo de distrito en Chihuahua multó inclusive al superdelegado del gobierno federal en la entidad, Juan Carlos Loera, con 10 Unidades de Medidas y Actualización por cada uno de los amparos desacatados, por lo que ahora el emplazamiento judicial es a la propia secretaria Albores.
“Sí, es a la secretaria de Bienestar, quien en caso de incumplimiento va a estar inhabilitada y podrá tener una pena de tres a nueve años de prisión, en caso de que incumpla con esta sentencia”, remarcó. En ese contexto, Mata celebró la restitución de los pagos, retroactivos a enero de este año, a 30 estancias en Chihuahua, y lo calificó de “un triunfo de la justicia”.
El legislador chihuahuense señaló que ese precedente anticipa una “cascada” de suspensiones definitivas en favor de los beneficiarios del programa en todo el país, con el consecuente pago a las estancias que en total suman 9 mil 500 y atienden a 329 mil niñas y niños en las 32 entidades federativas.
La también legisladora panista Ana Paola López reprobó en su turno la negativa del gobierno federal a acatar las suspensiones concedidas a los afectados por la cancelación del programa en Querétaro, con afectación a 4 mil 300 menores en 82 estancias.
“CRIMEN DE ESTADO” En conversación con MILENIO, Clara Torres calificó de “crimen de Estado” la decisión de cancelar el programa de estancias infantiles, al que, según dijo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador definió como una “amenaza política”.
Reveló que, al notificarle el pasado 5 de febrero la suspensión del presupuesto a las estancias infantiles, la subsecretaria Ariadna Montiel le argumentó: “ya hicimos un análisis y tenemos a 9 mil 500 responsables con un perfil de líder en mil 200 municipios, en 32 estados de la República, que se han manifestado contra el presidente, y esto representa una amenaza política a este gobierno, y entonces ya no se va a tratar esto como una política pública, sino como una amenaza política al gobierno”.
