El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aseveró que desde la perspectiva de las garantías fundamentales, el actual modelo de seguridad en México -con el uso de las fuerzas armadas- “es muy preocupante”.
Interrogado en torno al dictamen de Ley de Seguridad Interior, aprobado en comisiones legislativas esta mañana y que está por discutirse en el pleno de la Cámara de Dipurtados, el funcionario de la ONU planteó: “La posición de la oficina del Alto Comisionado es bien conocida. Se necesita una reflexión inclusiva, honesta, pública sobre lo que funcionó y lo que no en el modelo de seguridad actual. A partir de 2006 -cuando inició la guerra contra el crimen organizado- se multiplicaron las graves violaciones de derechos humanos, entones desde esta perspectiva el modelo actual de seguridad evidentemente es muy preocupante”.
En la entrevista, que se dio después de su participación en la presentación de un informe sobre la situación de la infancia en México, Jarab evitó profundizar sobre el contenido de la iniciativa de ley, pero agregó que también desde el ámbito de la seguridad los indicadores muestran que la estrategia actual no ha rendido frutos y tiene tristes resultados. “Entre 2004 y 2006 los homicidios en México estaban en su nivel más bajo históricamente, y ustedes saben cómo estamos hoy”, con las cifras por este delito en los más alto, siendo el mes de octubre de este año el máximo histórico de asesinatos en el país.
“Nos parece que se necesita una reflexión sobre una posible salida de este paradigma y dar más fuerza a las policías a varios niveles, pero también se necesita dar mucho más enfoque en la dimensión preventiva, en la seguridad ciudadana, entonces privilegiar la protección de las vidas humanas y eso sí es algo que vamos a continuar impulsando cualquiera que sea el resultado de la votación en el Congreso (…) El problema no se resuelve al legislar (elementos) que petrifiquen el status quo. Lo digo con reserva del contenido (del dictamen), pero a nuestra oficia no parece que en la forma que se propuso se dé un impulso para este cambio de paradigma”.
Recomendó que en lugar de legalizar las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como se pretende con la iniciativa de ley que une de ser aprobada esta misma tarde, se haga un regreso gradual de los militares a sus cuarteles. Además que se emprendan políticas públicas que abonen en la prevención y no en la represión, que van desde el combate a la pobreza, el impulso de la economía,, entre otras.
“Nos parece que se necesita verdaderamente una evaluación de cómo funcionó por diez años esta estrategia, y que quienes quieren continuar con ella o legislar para que continúe, tienen que explicar por qué están convencidos de que funcionó.
“El problema de la seguridad del país no se resolverá sólo con una estrategia represiva, evidentemente hay que tener una dimensión en este sentido, pero desde nuestra perspectiva lo que nos parece más importante es el estado de derecho: combatir la impunidad; garantizar que los perpetradores de homicidios, desapariciones, secuestros y otros delitos sean procesados; que cuando hay colusión entre servidores público y delincuencia que eso no resulte en la impunidad y sean sancionados y procesados esos servidores públicos. Eso es fortalecer el estado de derecho, fortalecer la dimensión de prevención. Además de las policías, pero siempre con rendición de cuentas. Es el mejor camino, que no es fácil, pero se necesita hablar sobre una posible salida del actual modelo de seguridad”.