AHORA sí, todo está “clarísimo”. Si traes carro con engomado de Onappafa, Anapromex o cualquier otra organización que vive de la desesperación ajena, prepárate: tu vehículo será detenido. Seguridad Vial ya avisó que no habrá tolerancia con placas apócrifas ni con papeles que no tienen validez legal, aunque vengan envueltos en discursos de “defensa del pueblo”.
Y aquí está el fondo del asunto: durante años dejaron crecer el problema. Permitieron que estas organizaciones se vendieran como salvadoras, cuando en realidad montaron un negocio redondo cobrando cuotas, promesas y supuestos “amparos” que hoy no sirven para nada. El resultado es el de siempre: el ciudadano engañado, el vehículo decomisado y nadie que responda.
Porque seamos claros: esos “amparos” nunca tuvieron sustento real. Eran papel sin valor, pero muy bien cobrados. Y cuando empiecen los operativos, los primeros en marchar no serán las organizaciones, serán los dueños de los carros, los mismos a los que ya les sacaron dinero.
Mientras tanto, el desorden federal sigue sin resolverse y el Estado intenta apagar el incendio por otro lado. La propuesta de eliminar el replaqueo vehicular y avanzar hacia placas permanentes con holograma anual suena bien, incluso necesaria para aliviar el bolsillo de los chihuahuenses. Pero no deja de ser un parche mientras el problema de fondo siga intacto.
El mensaje es contradictorio: por un lado se castiga al ciudadano que cayó en el engaño; por otro, se reconoce que el sistema actual ahorca la economía familiar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Orden o recaudación? ¿Legalidad o improvisación?
La realidad es incómoda: dejaron que el caos creciera, ahora anuncian mano dura y, como siempre, el costo lo paga el mismo de siempre. Porque en este tema, los únicos que no pierden son los que vendieron falsas esperanzas… y esos, curiosamente, nunca aparecen cuando llegan los decomisos.
EN Riberas de Sacramento no están pidiendo lujos, están pidiendo lo básico: luz y agua. Pero ni eso. Semanas enteras con apagones recurrentes, cortes que se alargan más de 12 horas, comida echada a perder, medicamentos que requieren refrigeración convertidos en pérdida y negocios locales sangrando dinero. Y como cereza del pastel, las familias en Riberas Etapa 8 llevan rato sin luz ni agua. Silencio total de quienes deberían responder.
Los vecinos han hecho lo que se supone que hay que hacer: reportar, insistir, marcar al 071, acudir a centros de atención. La respuesta es el clásico “no hay reporte de falla”, aunque la colonia esté a oscuras y la energía vaya y venga como si fuera un favor. La realidad es otra: la falla existe, es constante y está documentada por quienes la padecen todos los días.
Aquí el problema no es solo técnico, es de responsabilidad. Cuando la electricidad falla, falla todo: la seguridad, la economía familiar, la salud. ¿Quién repone el mandado perdido? ¿Quién responde por las medicinas dañadas? ¿Quién se hace cargo de las ventas que no se hicieron porque no hubo luz? Nadie.
Lo indignante es la normalización del abandono. Se trata como “intermitencias” lo que en los hechos es una crisis cotidiana. Se minimiza el reclamo ciudadano mientras se cobra puntual el recibo. Se ignora a colonias completas como si fueran de segunda.
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