EN redes circula una bomba: una lista de autoridades de Chihuahua y Ojinaga señaladas de venderse al narco. Desde generales, directores de seguridad y comandantes aparecen balconeados como si fueran fichas del mismo cártel.
El mensaje advierte que ya no se les pedirá ayuda al gobierno, solo que dejen de proteger al cartel de la droga x… y promete “dar de baja” a quienes sigan de marranos.
La narcolista es larga, y no vasta exponerla lo que las autoridades ya tiene en reportes, pues la publicación que circula en redes sociales de autoridades “marraneadas” por el crimen organizado no es solo un mensaje anónimo con amenazas: es, en sí misma, un retrato de la podredumbre que desde hace años carcome las instituciones de seguridad en Chihuahua.
Lo verdaderamente alarmante no es que existan estos señalamientos —porque todos sabemos que la corrupción en cuerpos policiales y de inteligencia es tan vieja como la violencia misma—, sino la naturalidad con la que se difunde un aviso público en el que se nombra, uno por uno, a funcionarios estatales y federales que deberían estar blindando a la ciudadanía, no sirviendo de “doble nómina” a los cárteles.
El discurso oficial habla de “cero tolerancia” a la corrupción, de “operativos de inteligencia”, de “fuerzas coordinadas”, pero los hechos demuestran otra cara: una red de complicidades donde quienes deberían ser muro, se vuelven puente.
Por lo pronto el mensaje es muy claro para que las autoridades no anden apoyando a cierto grupo del crimen organizado, pues los antagónicos comenzaran más ola de terror y sangre que salpicaran a las oficinas gubernamentales.
EN Chihuahua, la Coordinación Municipal de Protección Civil se supone que debe ser garante de la seguridad de todos los ciudadanos. Sin embargo, lo que hoy se exhibe dentro de esa oficina es un claro ejemplo de cómo el poder mal ejercido puede convertirse en negocio privado disfrazado de servicio público.
El titular de la dependencia, Iván Joel Rivera Macías, no solo carga con el peso de revisar y aprobar programas internos de protección civil (PIPC), sino también con la sombra de un grave conflicto de interés: aprobar “exprés” los trámites que provienen de la oficina en la que él mismo trabajaba antes de llegar al cargo, hoy manejada nada más y nada menos que por su esposa.
Mientras a los demás ciudadanos y a más de 30 terceros acreditados se les pide cumplir con múltiples revisiones, tardando semanas o hasta meses para obtener sus dictámenes, quienes llegan por la “vía familiar” del Coordinador ven sus documentos liberados sin observaciones, aunque existan fallas técnicas que pueden poner en riesgo vidas y negocios. Y como si fuera poco, el propio personal de la dependencia tiene la orden de enviar a los usuarios a esa oficina “para que no batallen”. Es decir: la autoridad, que cobra por regular y proteger, se convierte también en intermediaria del negocio privado.
Este esquema no solo es una bofetada para quienes tratan de cumplir con la ley de manera legítima, sino que también representa un peligro directo para la seguridad pública. ¿De qué sirve un dictamen que no revisa a fondo si un edificio cumple con las medidas de emergencia? ¿Qué pasa cuando ocurra un incendio, un colapso o cualquier siniestro, y los papeles “exprés” resulten ser puro trámite sin sustento técnico?
La Coordinación de Protección Civil, en lugar de ser árbitro imparcial, ha sido reducida a caja registradora y agencia de colocación para favorecer a los cercanos del titular
El sol sale para todos, pero en Protección Civil parece que solo ilumina a los amigos y familiares del poder.
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