Chihuahua.- De tres iniciativas presentadas para aumentar las penas a la violencia familiar tratándose de mujeres embarazadas, el Congreso del Estado aprobó hoy el dictamen de la Comisión de Justicia, para únicamente exhortar a que se capacite para no ejercerla, y también rechazaron tipificar la violencia obstétrica, ya que según señalaron, equivocadamente, ya está penado en el estado.
Al decir que sobre la violencia obstétrica ya existen medidas administrativas como la NOM-007-SSA2-1993, o los contemplados en el artículo 5, fracción VI, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los integrantes de la comisión confundieron “estatal” con “general”, ya que la de Chihuahua aún no lo contempla, y la ley general sí.
Una de las iniciativas pretendí aumentar la sanción de violencia familiar que se estipula en el Artículo 193 del Código Penal, cuando esta se comenta en contra de mujeres en estado de gravidez, a efecto de garantizar sus derechos humanos, así como del producto en gestación, pero los integrantes de la Comisión encontraron que varias de las propuestas se incluían ya, de una forma o de otra, en la legislación estatal.
En cuanto a la violencia obstétrica, el Poder Legislativo hizo suya la opinión del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Chihuahua, al que le pareció que es mejor prevenir que sancionar; y que mejor se debían aplicar y explorar las medidas administrativas tendientes a solucionar el problema antes de acudir al derecho penal; también se reconoció la existencia del problema en las instituciones de salud, pero reconoce rieron que hay ya diversas disposiciones normativas que pueden prevenir la conducta lesiva, aunque no han sido suficientes para hacer frente al problema.
Sin embargo, los diputados se vieron preocupados porque de tipificarlo (sic) debían dotar también de recursos al sector salud para capacitar a su personal en perspectiva de género, y la Comisión dijo no tener atribuciones para hacer adecuaciones presupuestales, además de que “no es el momento procesal oportuno en esta legislatura para visualizar o gestionar el aumento presupuestal al área referida”, dijo la diputada Marisela Sáenz, presidenta de la comisión, por lo que solo se optó por exhortar a que se capaciten y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que designe un visitador.
