LA marcha del 8 de marzo en Chihuahua dejó algo más que consignas, pintas y vallas cubiertas de grafiti. También dejó nombres. Nombres de funcionarios que trabajan precisamente en instituciones encargadas de investigar delitos y proteger a las víctimas.
Durante la protesta, manifestantes colocaron cartulinas señalando a César Komaba Quezada, subsecretario de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Luis Domínguez Ramos, director de Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado, Carlos Cervantes Xicoténcatl, subcoordinador regional de la Zona Centro de la misma Fiscalía, entré otros.
Pero la cosa no terminó ahí. Entre los nombres que también salpicaron el ambiente apareció el de la diputada de Morena Brenda Francisca Ríos, a quien las críticas le recuerdan que sigue orbitando a su alrededor un personaje conocido en redes con apodos que retratan más su reputación que su currículum: el “comandante mamador”, el “comandante chupas”, o como prefiera llamarse el protagonista del escándalo digital. Se trata de Adrián Sánchez, personaje acusado en redes de lanzar comentarios misóginos y violentos contra mujeres, niñas y niños, mientras presume ser reportero y experto en todo lo que se mueva en la política local.
Lo curioso —o lo escandaloso, según se vea— es que pese a su “voluntaria” separación del Congreso, el personaje seguiría recibiendo dinero proveniente del entorno de la legisladora, mientras tanto, en las calles, las mujeres gritan contra la violencia… mientras en los pasillos del poder algunos todavía parecen creer que el escándalo se resuelve cambiando de oficina o de apodo.
El asunto es que hubo para todos, Panistas, priistas, morenistas, y funcionarios que forman parte del aparato de seguridad y procuración de justicia.
Porque cuando en una marcha aparecen nombres de personas que trabajan dentro de la estructura encargada de perseguir delitos, la discusión cambia completamente. El problema ya no es únicamente la violencia que denuncian las mujeres, sino la sospecha de que esa violencia podría estar relacionada con quienes deberían combatirla.
Eso golpea directo al corazón de la confianza pública.
QUE la autoridad municipal haya decidido intervenir el pequeño casino de la Frikiplaza no es, en sí, una noticia para celebrar: lo grave es la arbitrariedad y la selectividad con que se aplican las leyes. Resulta llamativo —y sospechoso— que lugares similares, como el de la avenida Niños Héroes, sigan funcionando sin contratiempos mientras en el centro se hace el operativo. Esa diferencia huele a preferencias, presiones o componendas más que a un interés genuino por el bien público.
La Fiscalía General de la República es, en teoría, la instancia que debe impedir la operación de estas “maquinitas” que funcionan al filo de la legalidad. Sin embargo, en la práctica local la responsabilidad parece haberse transferido a quienes deberían ser garante del orden: la policía. Y si la voz de la calle y los propios agentes tienen razón, la policía no solo permite esos negocios, sino que los explota recibiendo jugosas cuotas a cambio de permitir que operen. Un mecanismo de extorsión institucional.
El decomiso de 60 máquinas por parte del municipio plantea otra duda: ¿qué destino tendrán esos aparatos? La experiencia pasada muestra que, si se entregan a instancias superiores como la FGR, existe alto riesgo de que las máquinas regresen a las calles o terminen en manos de terceros que las reaprovechen.
La lucha contra la ilegalidad exige coherencia: inspecciones uniformes, procedimientos claros, responsabilidad administrativa y penal para los gestores y los policías que encubren estos esquemas. De lo contrario, los operativos aislados se vuelven parches mediáticos que alivian la vista de la ciudadanía por unas horas y luego permiten que el problema resurja.
Las autoridades deben explicar por qué actuaron ahora y no antes, por qué ciertos locales se salvan de los operativos, y demostrar que los bienes incautados no volverán a alimentar la cadena de corrupción. Sin transparencia ni sanciones creíbles, la sensación será siempre la misma: en esta ciudad, algunos pierden el juego mientras otros siguen jugando —y cobrando— desde la sombra.
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