EN pasadas líneas tocamos el tema de la reciente detecciónde vehículos inscritos en el Registro Público Vehicular (REPUVE) mediante papelería irregular o falsa, y la persistencia de redes de corrupción interna o externa. Asi mismo de la competencia para encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Pues bien, resulta que una de las aspirantes se llama Claudia Cristina Gurrola y eso ha abierto una discusión incómoda pero necesaria, pues debe haber independencia real de quien pretende encabezar un organismo que, por definición, debe ser contrapeso del poder.
Señalan que Gurrola no es la titular del Repuve, pero en los hechos opera como su mano derecha. Al interior, es voz de mando y eje de decisiones. Esa cercanía funcional con un esquema eminentemente administrativo y de seguridad levanta alertas cuando se traslada al terreno de los derechos humanos, donde la autonomía no es un adorno, sino una obligación. También se menciona a Alejandra Corral Requejo, quién viene del oficia-
lismo, con historial dentro de la estructura pública.
Según esto, la CEDH no puede quedar en manos de perfiles que arrastren inercias de control, obediencia jerárquica o subordinación política. El organismo está llamado a incomodar, a señalar abusos y a enfrentarse —cuando sea necesario— a estructuras gubernamentales.
Lo preocupante no es solo el cargo que ocupa, sino la red de influencia que la acompaña.
EN Chihuahua existe el silencio de las autoridades frente a denuncias reiteradas de crueldad animal y riesgo social. El caso del taller mecánico ubicado en la avenida Nueva España es solo un ejemplo más, luego que vecinos han tocado todas las puertas: Bienestar Animal, coordinación, antirrábico y el área de Medio Ambiente. Han hecho reportes formales, han usado aplicaciones oficiales y han llamado a cada número disponible. La respuesta ha sido la misma: ninguna. Ni sanciones, ni inspecciones efectivas, ni retiro de animales, ni seguimiento. Absolutamente nada.
Mientras tanto, cuatro perras viven en condiciones deplorables, se reproducen sin control y sus crías desaparecen sin que nadie investigue qué ocurre con ellas. El sufrimiento animal es evidente, pero el problema ya escaló a un riesgo público: perros agresivos que han mordido personas, sobre todo a pequeños.
Lo más grave no es solo la irresponsabilidad del dueño del taller, señalado incluso por presuntos sobornos, sino la pasividad de las autoridades que deberían intervenir de oficio. ¿Para qué sirven las dependencias de Bienestar Animal y Medio Ambiente si no actúan cuando las denuncias están documentadas y el peligro es evidente.
