LUEGO de la caguama, Ricky Riquin Canallín se puso otra vez en el top de lo más viral en las redes con el tema de la su supuesta persecución del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una de las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) es por andar agarrando dinero para que aprobara para la reforma energética de Enrique peña Nieto, es que él votó en favor de dicha iniciativa.
En este sentido, la FGR bien podría estar buscando a todos los senadores que votaron en favor de la reforma energética del Lord Peña y que pudieron recibir sobornos como Ricardo Anaya.
Pues bien, si esta prueba es una de las líneas de investigación, pues habrá muchos “perseguidos políticos” y son legisladores que votaron en favor.
En la lista de los senadores hay del PRI, Morena y del PVEM, aliado de la 4T, que dieron su voto en favor de dicha reforma aprobada la madrugada del 11 de diciembre de 2013, en vísperas del Día de la Guadalupana.
Fueron 53 senadores del PRI, 35 del PAN y siete del PVEM aprobaron la reforma constitucional en materia energética y de energía, con el voto en contra de 28 senadores de PRD, PT y sólo dos de Acción Nacional, entre ellos, el del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
Los que estuvieron a favor fue Patricio Martínez, y Graciela Ortiz de Chihuahua, por lo que a consideración de la prueba de la Fiscalía General de la República (FGR) son también canallínes junto con Miguel Ángel Chico Herrera formaba parte del PRI cuando se aprobó la reforma energética, mientras que Gabriela Cuevas era del PAN, También Rocio Abreu era del PRI, pero ahora los tres son de Morena y fieles defensores de la llamada 4T.
Así mismo, el propio presidente de la Mesa Directiva y actual procurador general Raúl Cervantes Andrade, la exprocuradora y actual titular de la Función Pública, Arely Gómez; el líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps; el excandidato priista a gobernador de Veracruz, Héctor Yunes Landa; un veracruzano más, José Francisco Yunes Zorrilla, y la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, entre otros más.
EN las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) por robarse el dinero de Chihuahua salió a relucir el nombre de Sergio Venzor Gardea, por ello esta persona gestionó un amparo en contra del juez de Garantía del Distrito Judicial Benito Juárez.
Venzor Gardea está en la lista de exfuncionarios involucrado en delitos de cohecho, peculado, uso ilegal de facultades y atribuciones, administración fraudulenta y tráfico de influencias, debido a varias irregularidades presentadas durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015.
Ahora llama la atención que esta misma persona está en la lista de Humberto Pérez, próximo alcalde de Ciudad Cuauhtémoc para darle chamba en su gobierno.
Quien fuera síndico en las administraciones de Israel Beltrán Montes, y presidente de la JMAS en Cuauhtémoc, aún tiene deudas con la justicia al no finalizar la investigación de la malversación de hasta 3 millones 199 mil 600 pesos a través de diversos manejos ilícitos.
Entre las anomalías se detectó que, en el 2015, por lo menos un millón 706 mil 558.93 pesos recaudados por el pago de agua de usuarios no fueron depositado en ninguna cuenta del organismo.
Otros ejemplos son los gastos no justificados de tóner, equipo de impresión y copiado, por los cuales se desembolsaron 235 mil 650 pesos en abril y septiembre del 2015 y luego otros 174 mil 688 pesos en octubre del mismo año, esta vez a favor de Comercializadora Zajardik S.A. de C.V.
También se hicieron transferencias por 348 mil pesos a la empresa Estructuras y Construcciones Parra S.A. de C.V. sin documentación que justifique este gasto, y se expidió un cheque por 90 mil pesos a favor del ex presidente de la Junta, Sergio Venzor, para servicios de soporte y asesoría sin tampoco contar con evidencias de comprueben esta inversión.
Destaca también el préstamo que la Junta de Cuauhtémoc realizó a la JMAS Chihuahua por 2 millones 500 mil pesos, por el cual la dependencia de la capital realizó un abono de 876 mil 889.81 pesos en el 2016 a la cuenta de la ex tesorera Aracely Corral, quien además tiene un adeudo de gastos a comprobar por 114 mil 792.28 pesos.
Finalmente, se documentó que el organismo adquirió un terreno a un precios de 4 millones 980 mil pesos, cuando el costo real era de 4 millones 326 mil 100 pesos, es decir, 654 mil pesos menos.
EN Ciudad Juárez, Manuel Benavides, Guachochi, Madera y Meoqui hubo tranzas, pues andan bailando millones que no acreditaron.
Por ello, la Auditoría Superior del Estado presentó denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción contra estos cinco municipios que no subsanaron observaciones o inconsistencias en sus cuentas públicas.
Quien se lleva más denuncias y observaciones es Juárez con su corrupto presidente municipal Armando Cabada, a quien se le achaca haber embolsado 41 millones de pesos gracias a un contrato ficticio con un prestador de servicios que nunca hizo nada, pero se le pagó esa lana.
