Pide Congreso revertir propuesta de EPN que reduce el presupuesto a la educación

Lo anterior en cumplimiento a los compromisos contraídos por el País en la Declaración de México de 1979, así como en apego a las obligaciones establecidas en el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Por otro lado se solicitó al Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a los Ayuntamientos de la Entidad, para que, al igual que este alto Cuerpo Colegiado, realicen las acciones pertinentes, con el propósito de destinar recursos económicos suficientes del Presupuesto Anual 2017, a fin de incrementar la inversión en materia educativa, con un mayor impacto en Educación Básica.

Cabe recordar que este jueves 3 de noviembre, acudieron ante diversas instancias del Congreso de la Unión, y simultáneamente ante la Junta de Coordinación Política de esta LXV Legislatura, tanto el Secretario General a nivel nacional, como los Secretarios Generales de las Secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para solicitar ante los órganos de gobierno señalados, la solidaridad y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de tal suerte que se promueva ante las instancias correspondientes, la corrección del presupuesto federal destinado a la educación pública; pero sobre todo, una mayor inversión en ese rubro, de tal manera que se atienda la obligación legal de destinar recursos no menores al 8 % del Producto Interno Bruto al ramo educativo.

Ahora bien en el mes de septiembre pasado, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde en comparación con el presupuesto aprobado para 2016, se ha planteado una de las reducciones de mayor impacto en la historia moderna de la educación en México al quitarle al ramo 11, dedicado a educación pública, más de 37 mil 282 millones de pesos para 2017.

En su distribución reductiva, golpea fuertemente programas torales para elevar la calidad educativa y atender grupos vulnerables, a los que les elimina recursos hasta en un 100 por ciento desapareciéndolos totalmente, como es el caso del Programa de Fortalecimiento a la Educación y la Cultura Indígena, Escuelas de Calidad y Escuelas Dignas, o reduciéndoles su capacidad de maniobra en relación a los años anteriores, como en el caso del Programa Nacional de Becas, el de Inclusión y Equidad Educativa, el de Fortalecimiento para la Calidad Educativa, el de Desarrollo Profesional Docente, o el Programa de la propia Reforma Educativa entre otros.

Además, apenas sí se incrementa los apoyos para la el mantenimiento de la infraestructura educativa, cuando sabemos que las condiciones físicas de las escuelas de educación básica en las regiones serranas, rurales y periféricas urbanas de México y de Chihuahua, requieren atención urgente, y el mantenimiento en general, es una necesidad cotidiana de la cual no puede responsabilizarse a los padres de familia, que junto con los trabajadores de la educación, luchan permanentemente por mantener las escuelas de ese nivel educativo en buenas condiciones.

De ahí la necesidad de el planteamiento antes externado; la iniciativa fue presentada por la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza.

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