Noticiaa de Chihuahua.- A través de la plataforma change.org, integrantes de pueblos y comunidades indígenas en Chihuahua, representantes de la academia, personas, defensoras y defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y personas en lo singular, iniciaron la recolección de firmas para solicitar la destitución de Enrique Alonso Rascón Carrillo, como titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI).
Señalan que la deuda histórica del estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas, requiere redoblar esfuerzos para atender con experiencia, sensibilidad y compromiso los grandes pendientes que tiene el estado, y para ello es necesario que las personas que dirijan la atención al cumplimiento de estos deberes del estado cuenten con el perfil y las capacidades que estén a la altura de este desafío, como lo es conocer la problemática histórica que han vivido como pueblos así como las necesidades de las comunidades, y tener comprensión de las complejidades e injusticias vividas dentro de sus territorios.
La legislación internacional, nacional y local, agregan, obliga al funcionariado público a respetar la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, a garantizar su reconocimiento como sujetos de derecho público y a atender sus necesidades con plena pertinencia cultural y respetando su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Por ello, consideran que el perfil de Enrique Alonso Rascón Carrillo “lejos de acercarse a estas características, representa a los grupos ajenos a las comunidades que han buscado lucrar con los recursos y posesiones de los pueblos y comunidades. Carece de cualquier experiencia en la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y es estrecho colaborador del diputado entrante Omar Bazán, quien tiene intereses inmobiliarios en la Sierra Tarahumara y actualmente, junto a los socios de su empresa de bienes raíces, tiene demandada penalmente a la comunidad rarámuri de Mogotavo, municipio de Urique”.
Añaden que “a Bazán se le atribuyen también intereses en otros ámbitos de los recursos naturales de la región Tarahumara y vínculos turbios con políticos de talla nacional y local, algunos de los cuales tienen demandas a otras comunidades indígenas y en otros casos, que han tenido que rendir cuentas ante la justicia, como César H. Duarte Jáquez y Christopher James Barousse, por lo que la permanencia de Rascón representaría un claro conflicto de intereses y, además, de los más nocivos para las personas indígenas”.
Se dicen conscientes de que “la designación de Rascón Carrillo obedece al pago de deudas políticas, sin importarle que se trunque así el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y se profundice la actitud de olvido y abuso por parte de personas e instituciones ajenas a las comunidades. Nombramientos como este, de personas sin compromiso con las comunidades indígenas y resultado de un pago de favores, son parte de una práctica política que fue habitual en el pasado y que ya no deben repetirse, porque solo refleja un profundo desinterés y desprecio a las comunidades indígenas de Chihuahua, además de que representa una violación a los compromisos contraídos por el Estado mexicano ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sensible contexto de violencia sistemática hacia las y los defensores en la Sierra de Chihuahua”.
Así, la petición para que se destituya a Rascón Carrillo y se nombre a una persona con probada experiencia y compromiso con las aspiraciones de los pueblos indígenas, colgada en español, warijó y rarámuri llevaba hasta la medianoche de ayer 1043 de 1500 firmas solicitadas.
