El Aeropuerto regional Barrancas del Cobre en Creel, fue objeto de una demanda de amparo cuya sentencia emitida por el juez 8º de distrito, fue favorable a la comunidad rarámuri el 27 de noviembre del 2014. Después de un tortuoso proceso de ejecución de la sentencia, el 13 de abril de 2016 la comunidad rarámuri clausuró el aeropuerto por considerar una simulación la actuación del Gobierno del Estado, solicitando, como previene la misma sentencia, de no ponerse de acuerdo, el pago total por indemnización de daños causados a la comunidad por la construcción del Aeropuerto.
Después de 13 días de plantón, se firmó el 26 de abril el convenio en el Juzgado, entre el Ejecutivo del estado representado por el secretario de Economía Manuel Russek y el vocal ejecutivo de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González, con los representantes de la comunidad, Luis Pérez Enríquez y Emilio Enríquez Cruz.
La base del convenio fue el pago de 65 millones de pesos, en 7.5 pagos anuales de 8.667 millones, lo que implica que el adeudo se pagará hasta el 2022. El primer pago se realizaría a la constitución del fideicomiso público, a través del que se administrarán los recursos públicos, destinados a proyectos definidos por la comunidad, algunos de los que ya cuentan con proyectos ejecutivos como es el caso de la reforestación de 60 hectáreas, uno de los 11 proyectos contemplados.
El juez marcó un plazo de 45 días a partir de la firma del convenio, para la constitución del Fideicomiso público, una vez que el Congreso aprobara de conformidad con las partes el decreto. No obstante, la aprobación en el Congreso del Estado se detuvo, posponiéndose 20 días hábiles más, mismos que se vencen el 17 de agosto.
La realidad del proceso judicial librado admirablemente por la comunidad rarámuri, muestra una vez más que los políticos del sexenio no han querido aceptar el pago del costo social y ambiental, que causó la obra del aeropuerto programadas bajo un esquema de desarrollo excluyente; como lo demostraron durante todo el proceso judicial, “pichicatiando a cada paso”.
A un mal gobierno se le acumulan las causas negativas, como estamos viendo en el caso de la gestión del Gobierno de Cesar Duarte, con la explosiva acumulación de problemas sociales, económicos y judiciales.
El caso del Aeropuerto regional Barrancas del Cobre es un ejemplo, que revela falta de voluntad política para cumplir con una sentencia, que finalmente le pudo haber abonado a su imagen. Sin embargo, el ejercicio del poder en este caso ha sido ciego, como si los recursos públicos fueran propios; y el proceso judicial pudiese adaptarse a los caprichos del poderoso.
Dijeron esperar que el Congreso del Estado acuerde la formación del fideicomiso público en los términos planteados por la comunidad rarámuri, una vez, que ella fue la que ganó el juicio de amparo y el Poder Ejecutivo del estado está obligado a cumplir.
