En el foro “Nuevas Modalidades para el Transporte Terrestre desde los Aeropuertos”, realizado en San Lázaro, los taxistas agremiados demandaron “piso parejo” e igualdad de obligaciones para todos los proveedores, mientras que las empresas privadas se pronunciaron por avalar normas que pongan en el centro los intereses de los ciudadanos.

El presidente de la Comisión de Transporte, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), recordó que desde los años 90 no se han hecho reformas importantes a los ordenamientos de transporte, por lo que urge legislar sobre las nuevas circunstancias que vive la sociedad en este ámbito e incluir en ellas a las nuevas tecnologías, como las aplicaciones móviles para solicitar el servicio.

Arturo Santana Alfaro, diputado del PRD, subrayó que el Estado no puede renunciar a regular el transporte de pasajeros, ni en el Congreso tomarlo de manera “laxa e irresponsable”. Además, sostuvo, “no se pueden diseñar trajes a la medida a empresas que no están normadas”, sino atender el tema de forma integral, ya que son muchas las familias que dependen del sector.

El diputado Daniel Torres Cantú, del Revolucionario Institucional, también se pronunció por legislar con responsabilidad, tomando en cuenta la opinión de todos los que se vean afectados o beneficiados.

Los representantes de las compañías privadas de transporte defendieron el derecho de los ciudadanos a transportarse como ellos lo decidan, y el de las empresas para participar en el mercado.

Francisco Sordo, director general de Uber México, pidió a los legisladores tomar en cuenta los intereses de los pasajeros al momento de reformar los ordenamientos.

“Las leyes deben ser en beneficio de los ciudadanos que utilizan los puertos y aeropuertos del país. Si se pone esto en el centro, la regulación que resulte será en beneficio de todos”, añadió.

Afirmó que las reglas de transporte, que en los años 90 se consideraron controversiales -pues preveían el avance de las tecnologías-, hoy en día “se han vuelto anticuadas”, ya que el ritmo al cual cambia el mundo es “drásticamente” mayor en comparación con lo que históricamente se ha desarrollado.

Aseguró que Uber “resuelve las necesidades de cinco millones de personas que han descargado la aplicación en el país”, además de las de 70 millones de extranjeros que arriban a México.

En este punto, el CEO de América Latina de Cabify, Ricardo Weder, coincidió en que las tecnologías (como las aplicaciones para solicitar transportes desde un Smartphone) también “han crecido más rápido que las capacidades del gobierno y que el desarrollo de las políticas públicas”.

Consideró conveniente crear una ley a nivel federal para las redes de transporte privado de todo el país, para evitar conflictos de intereses en las entidades de la República.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Movilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Maite Ramos Gómez, advirtió que los monopolios y el exceso de regulación sólo implican nula productividad y baja competitividad, por lo que se debe apelar al derecho a la libre empresa.

Enfatizó que la discusión en torno al transporte privado de personas no debe centrarse sólo en si es a través de una app, un taxi u otro tipo de servicio, sino en identificar “cuál es el país que queremos y hacia dónde queremos ir”, así como en la necesidades del ciudadano.

Los representantes de las agrupaciones subrayaron que cualquier normativa para regular el transporte particular de pasajeros no debe ser sólo de “puertas abiertas”, sino que, además, tiene que contemplar la igualdad de obligaciones.

Carlos Tepale, de la agrupación Nueva Imagen, sostuvo que, a pesar de que la tecnología avanza rápidamente y se incorpora a las nuevas formas de movilidad, las leyes no deben “hacerse a modo ni para intereses particulares”, en alusión a los servicios como Uber o Cabify, que se valen de una aplicación móvil para obtener clientes.

Las normas actuales, opinó, “no tienen problemas”, ya que precisan requisitos claros que deben cumplir quienes deseen prestar el servicio de taxis en los aeropuertos.

En este punto coincidió Miguel Ángel Reyes Estrada, del Sitio 300 Yellow Cab Explicó que no existen “trabas” en las normas mexicanas para impedir la libre competencia y la libertad empresarial de las empresas de taxis; por tanto, afirmó que no es necesario reformar un mercado ya regulado.

De modificarse las leyes en materia de transporte, “no le estamos dando privilegios al usuario, sino abriendo el mercado a quienes únicamente comercializan sus servicios (a través de los smartphones), pero no los prestan”, expuso.

Subrayó, además, que “no estamos en el paraíso de la movilidad, como lo refieren algunos entes gubernamentales”, y reiteró que los servicios concesionados que prestan servicios en el aeropuerto capitalino tienen como eje central la seguridad del usuario.

Del Sitio 300 del Aeropuerto, Miguel Ángel Romero consideró que las agrupaciones de taxistas que asistieron al foro no representan a todo el gremio de prestadores de este servicio, por lo que solicitó crear nuevos espacios de diálogo para escuchar a todas las asociaciones afectadas.

Laura Ballesteros Mancilla, titular del Nuevo Modelo de Movilidad en la Ciudad de México, destacó que se debe propiciar el uso racional del automóvil, ya que los 5.5 millones que transitan al día en la metrópoli, son ocupados, en promedio, por 1.2 usuarios.

Consideró que “se requieren distintos sistemas de transporte en los aeropuertos, y no crear monopolios o leyes a modo, sino contar con un abanico de opciones para el usuario, y en el nuevo aeropuerto, todos deberán tener cabida”.

Explicó que para hacer efectivo el derecho a la movilidad es necesario cumplir con 10 características: seguridad, accesibilidad, igualdad, eficiencia, calidad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad e innovación tecnológica.

Asimismo, refirió que “vale la pena revisar qué papel juega aquí la Procuraduría Federal del Consumidor, debido a que el usuario lo es”.

A su vez, Tomás Enrique Ramírez Vargas, director comercial de Grupo Aeroportuario del Pacífico, mencionó que “los servicios de taxis concesionados no estuvimos a la altura de los usuarios. Habrá que ver las deficiencias y trabajar en ellas. No obstante, la discusión tendrá que hacerla quienes hacen las leyes, y las concesionarias las acataremos”.

Subrayó que los taxis son “un servicio entre particulares, y hoy no está contemplado en la ley, pero precisamente, es lo que se busca, para lograr que las personas que lo prestan tengan garantías ante la ley”.

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