UNA red de corrupción y extorsión sale a relucir por parte de inspectores de Gobernación y la Comisión de Adicciones.
La Coalición de Centros de Rehabilitación y Asociaciones Civiles del Estado en voz de su presidente Marco Antonio Seañez Núñez, denunció que las autoridades están “cazando” a los centros de rehabilitación y albergues con multas impagables que van de los 25 mil hasta los 200 mil pesos, exigiendo un permiso de uso de suelo que el propio Municipio se niega a tramitarles. “Es una negativa anticipada: no te doy el permiso, pero voy y te multo por no tenerlo”, sentenció.
Lo más grave es la denuncia de “moches” por debajo del agua. Según los afectados, empleados de Gobernación exigen cuotas semanales de entre 5 y 20 mil pesos para “no molestarlos”. Incluso, en un albergue de mujeres de la Toledano llamado “De la calle a la vida”, la multa ascendió a 200 mil pesos bajo el rubro de “centro de espectáculos”, cuando ellos se rigen por salud. 
La denuncia escala a niveles de abuso de autoridad, señalando que en las revisiones entran con perros, roban pertenencias, quitan celulares y, en el colmo del cinismo, policías hombres han intentado realizar revisiones corporales a las internas en centros femeniles.
Mientras el comisionado de adicciones, Javier González, se niega a dar la cara, los centros ya interpusieron un amparo colectivo para frenar estos atropellos que parecen tener como único fin llenar los bolsillos de unos cuantos funcionarios.
EN diciembre del año pasado, salió a relucir el tema de la cancelación de la visa al fiscal antisecuestros Arturo Zuany, no como un simple trámite administrativo ni una anécdota diplomática. Un mensaje. Y no precisamente discreto.
Cuando Estados Unidos decidió retirarle el documento al funcionario especializado en combatir uno de los delitos más sensibles en Chihuahua, el golpe no fue personal: fue institucional. Se trató de un señalamiento que cayó como sacudida en la Fiscalía General del Estado y, por extensión, en la estrategia de seguridad de la actual administración.
Lo que desconcierta no es solo la medida, sino el perfil del implicado. Durante años, Zuany fue parte de reuniones binacionales, mesas de coordinación y esquemas de colaboración con agencias estadounidenses. Era, en teoría, un engranaje clave en el combate al crimen organizado. Que hoy sea objeto de sospechas por presunta vinculación institucional con estructuras criminales plantea una pregunta incómoda: ¿qué está viendo Washington que en Chihuahua nadie quiso ver?
El silencio inicial no ayudó. Tampoco el hecho de que el tema escalara hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, convirtiendo un asunto estatal en un foco nacional.
Posterior, el caso se mantuvo posterior alejado de los reflectores hasta ahora que en “Sin Pelos en la Lengua” sale a flote que Estados Unidos le mandó hablar al fiscal castigado para preguntarle algunas cositas, y hoy es la fecha que acude, por fin, a tierras gringas…algo así como un “criterio de oportunidad” para exhibir las fracturas internas dentro de la política de seguridad en Chihuahua. Incluso, no se descarta que con ello los gringos se metan a joderles el alma a varios funcionarios de Chihuahua, incluso aquellos que buscan un hueso en el 20027.
Y es que el asunto que el fiscal acuda a territorio norteamericano a rendir explicaciones no es menor, pues en términos políticos y de seguridad, equivale a un reflector encendido sobre la estructura interna del sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
El fondo del problema va más allá de una visa. En Washington existen alertas sobre la posible penetración criminal en áreas clave de seguridad. Y mientras tanto, en el estado, persisten señalamientos sobre la operación de grupos delictivos desde los centros penitenciarios. Las cárceles no pueden ser oficinas alternas del crimen organizado. Si lo son, alguien está fallando.
La responsabilidad también alcanza a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, encabezada por Gilberto Loya. Las dudas sobre el control real de los Ceresos y la efectividad de la estrategia contra estructuras internas no son nuevas. Lo nuevo es que ahora parecen formar parte de una carpeta de interés internacional.
Este episodio podría marcar un antes y un después. Si Estados Unidos decide profundizar en las investigaciones, las consecuencias podrían tocar a más de un aspirante político rumbo a los próximos procesos electorales. Porque cuando la sospecha es institucional, el daño no se limita a un nombre: erosiona la confianza pública.
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