APENAS ayer tocamos el tema en “Sin Pelos en la Lengua” de la corrupción que impera al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ese mismo día boletinan a un agente arrestado por “rata”.

En esta ocasión las cámaras del Escudo Chihuahua no participaron, ya que no vieron como el policía municipal asaltaba un negocio al norte de la ciudad.

No era la primera vez que lo hacía, y para ello tenían controlado ese Distrito (policíaco) para que no me lo molestarán sus compañeritos en activo.

Lo mismo ocurre con otros agentes de la misma corporación que se echan 30 mil pesos en la bolsa para encubrir “picaderos”.

Ya está practica ha sido muy denunciada a su director, Gilberto Loya, y este a la vez a la alcaldesa, Maru Campos, pero ambos no les preocupa eso. Lo último que quiere la alcaldesa es que si actué como debe ser, se le venga una avalancha de violencia. Más de la que está.

Es muy raro que la policía municipal, que tiene la mayor cantidad de patrullas en la calle,  no se da cuenta de las ejecuciones que ocurren en las noches. Entran los sicarios a las casas matan dos o tres personas y según nadie reporta. Ya en la mañana acuden y ven los cadáveres.

HABLANDO de cámaras, el gobernador JaCo se mostró entusiasmado de avanzar junto al Municipio de Juárez en el proyecto de coinversión más grande que se ha hecho. Se trata de la ampliación, rehabilitación y modernización del CERI-911, que mediante una inversión de 221 millones de pesos pondrá en acción 600 cámaras de videovigilancia adicionales a las que ya operan en el municipio y las que entraron en funcionamiento en la primera fase, para llegar a mil 078 cámaras.

“Esta es la mejor inversión que estamos haciendo por los juarenses, porque vamos a fortalecer la seguridad pública y a proteger el desarrollo social, el dinamismo de nuestra frontera”, anuncio JaCo en sus redes.

LA aplicación de la tarifa industrial por parte de la Comisión Federal de Electricidad  a los organismos operadores y Juntas de Agua en  Chihuahua es injusto y afecta la economía de todos, sobre todo esta crisis covid-19.

Por ello, urge que se modifique la tarifa industrial a los organismos rurales, municipales y estatales, pues dijo que ello impacta directamente en el cobro del servicio habitacional.

Ya en el Congreso del Estado, de perdis, lamentan que la Comisión no ha respondido a las demandas de los diputados para que disminuya tarifas en medio de la crisis económica por el COVID-19, y que tampoco respondió a la solicitud de aplicar la tarifa 1F así como eliminar la Tarifa doméstica de Alto Consumo, ante las altas temperaturas que registra el estado.

Lo que se exige, sin más, es que se elimine de manera inmediata la tarifa industrial que aplica a los organismos operadores como las Juntas de Agua, situación que fue hasta reconocida recientemente el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento Oscar Ibáñez Hernández, coincidiendo en que dicha tarifa impacta en la operación y en consecuencia en la economía familiar.

Ya Ibáñez sostuvo durante la comparecencia con diputados, que la CFE  no ha modificado su política de cobros. El negocio de los organismos operadores de agua para la Comisión no es ni el 3 por ciento, entonces el que traten de cargarle una tarifa industrial a un uso que es de uso para proveer un derecho humano, es un error serio y eso aliviaría muchísimo a las finanzas, incluyendo las de comunidades que utilizan energía para extraer agua de pagar pozos.

 

 

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