El Gobernador Javier Corral y 23 alcaldes y alcaldesas del PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, de municipios mineros de Chihuahua, así como el de Álamos, Sonora, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cada uno, una demanda de Controversia Constitucional para impedir que el Gobierno Federal acapare los recursos del Fondo Minero que de acuerdo a su origen legal se utilizan para infraestructura básica de los municipios.
“Este fondo hasta ahora se distribuía entre estados, municipios y Gobierno de la República y ahora pretende quedárselo todo para financiar tandas a microcréditos a la palabra”, dijo el mandatario estatal a los medios de comunicación que acudieron a las instalaciones de la SCJN en la Ciudad de México.
El gobernador y los alcaldes fueron acompañados por legisladores federales, el senador Gustavo Madero, diputados locales, funcionarios del Gobierno del Estado y el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar.
Además del recurso, se presentó una carta en la que se solicita audiencia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que escuche el planteamiento y lo que los alcaldes tienen que decir, respecto al manejo de los recursos de ese Fondo y su aprovechamiento en las localidades municipales.
“Se ha dicho, de manera inexacta, que los alcaldes integraban ese dinero en su presupuesto municipal. Es ignorancia o es mala fe, porque había un Comité con representación que valoraba y autorizaba los proyectos”, señaló Javier Corral luego de presentar la primera de las demandas.
Al explicar ante los medios de comunicación de la Ciudad de México en qué consiste el Fondo Minero, el gobernador indicó que se trata de un fideicomiso que se creó a partir del 2014 por iniciativa del Senado de la República.
Mediante esta iniciativa se impuso que las compañías mineras que operan en el país pagaran un 7.5 por ciento de impuesto por los materiales que son extraídos, para que esos recursos, a través de un fondo, se aplicaran en obras de beneficio de las comunidades en donde operan las minas.
De esa forma, el Fondo Minero que hasta el 2018 era administrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), concentraba los recursos y que para 2019 estaban presupuestados alrededor de 3 mil millones de pesos.
Gracias a este fondo, en 28 de los municipios mineros de Chihuahua se han construido 330 obras de infraestructura como pavimentación, agua potable, de salud y educación, entre otras, con una inversión de mil 278 millones hasta 2017.
“Ahora acudimos ante la Corte para que esta medida sea rectificada, se restaure el sentido y espíritu original de este fondo que fue fruto de una lucha federalista, diría yo municipalista en el Senado de la República”, señaló el gobernador.
Añadió que se busca que estos recursos regresen a infraestructura básica, no para programas asistenciales como pretende el presidente de la República, sino para infraestructura urbana, construcción de plazas, pavimentación, acciones para el deporte, la salud y la vivienda.
“Es importante atajar ese acaparamiento de recursos porque se está instalando una regresión al autoritarismo y vulnerando el federalismo; se tiene que dar la batalla con decisión, porque esto va a ir creciendo”, advirtió el gobernador.
Aclaró que no se oponen a los programas asistencialistas, pero que se hagan con recursos propios del Gobierno Federal y no afectando este tipo de fondos que son de mucho beneficio para los municipios como los que ahora presentan la demanda.
Informó también que se presentaron las Controversias Constitucionales en el último día antes del vencimiento del plazo, pero que esperaba que más alcaldes de Zacatecas y de Sonora, que ya han solicitado asesoramiento, acudan a presentar el recurso.
