Chihuahua.- El diputado Alejandro Gloria González, propuso reformar la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado Chihuahua a efecto de acabar con los vacíos en la misma y que afectan el desempeño de los funcionarios públicos y de las instituciones.
En tribuna el legislador señaló que la motivación jurídica de esta iniciativa en tanto a derechos de la ciudad y la libre circulación, versa en contribuir con reformas que cambien el fondo de la Ley, para convertirla en una Ley que le dé oportunidad a la ciudadanía chihuahuense de ser o no ser sancionadas conforme a normas justas, que prioricen la seguridad vial antes que la intención de hacerse de allegar algún ingreso económico.
Otro motivo dijo, “es precisamente la afectación sufrida por la sociedad, que no es ningún secreto para quienes legislamos, ni para la ciudadanía, las intenciones recaudatorias que presentan muchos de las y los oficiales de tránsito, muchas veces siendo inducidos por un superior para actos de corrupción”.
Por otro lado, mencionó que las formas de corrupción se han refinado; en la actualidad amedrentan a la ciudadanía primero con remitirlos a otras autoridades, se les advierte el costo de las multas y el tiempo perdido, incluso aunque no se haya cometido una falta, se le hace creer a las personas que serán llevadas a la dirección de tránsito donde perderán tiempo y dinero.
Además de lo anterior desde otras áreas administrativas se cometen ilícitos, toda vez que hasta para la entrega de licencias se cometen actos de corrupción, el año pasado, informaron diversos periódicos del Estado, se auditó al área administrativa de licencias, en las que se encontraron al menos 20 agentes de dichas actos denominados “coyotaje”.
Sumado a lo ya expresado, el periódico El Heraldo, con fecha del 15 de febrero del 2019, dio nota en el sentido de que el mismo director de tránsito en Ciudad Juárez, encontró a uno de sus agentes en media “mordida”, o el año pasado como también anotó en periódico digital “Entre Líneas” se grabó en la Ciudad de Chihuahua a un agente en el mismo proceso ilícito.
“Aquí es importante reiterar que lo que contribuye a esta cultura de las famosas mordidas en gran medida es que la ciudadanía se sabe indefensa, y prefiere por mucho corromper a un agente que enfrentarse al monstruo burócrata de vialidad, mismo que se sustenta en una Ley que no ve al conductor como persona, como alguien con derechos, sino meramente un contribuyente, listo para ser presa de la recaudación. No es que se exima a la ciudadanía de su ilícito, sino que también en principio estos deben ser remitidos a las autoridades correspondientes por su delito”, señaló.
Con base a lo anterior es que la propuesta que se presenta radica en:
1º. Mejorar el esquema anticorrupción contenido en la Ley.
2º. Avalar los instrumentos médicos de medición para que sean pruebas objetivas.
3º. Adecuar parte del debido proceso en la detención de conductores.
4º. Vincular las sanciones derivadas de la Ley al conductor que haya cometido el ilícito, y no al vehículo que puede ser razón de perjudicar a un tercero.
5º. Que la autoridad vial pague el costo de la gasolina y de horas laborales perdidas cuando detenga a un conductor injustificadamente y le haga trasladarse a la delegación, pues es un acto de molestia injustificado que además el particular debe asumir.
