La legisladora planteó en tribuna “la suspensión de la credencial para votar como documento de identificación oficial por un periodo de un año. En caso de reincidencia en el incumplimiento de esta obligación la suspensión será por el doble del tiempo”, para reducir el abstencionismo.
Además, explicó que esta medida tendría sus causales de excepción, por lo que aquellas personas que no pudieron votar por alguna situación justificada (estar fuera del país o motivos de salud), así como los mayores de 70 años, no se harían acreedores a la sanción.
“Los ciudadanos que no hubieran podido sufragar por causa justificada deberán presentarse ante la autoridad competente en un término no mayor a 30 días después de la elección, con las pruebas que acrediten su impedimento. Vencido este término no se admitirá justificación alguna”, se lee en la propuesta.
García Guajardo recordó que en otros países existen sanciones por no ejercer el voto; por ejemplo, en Argentina se aplica una multa por el equivalente a entre 2 y 20 pesos mexicanos, mientras que en Bolivia la cifra asciende al equivalente a 416 pesos mexicanos, y si el ciudadano no cubre el costo, se hace acreedor a un arresto.
