EN los pasillos del Club Britania sigue dando de qué hablar un caso que, aunque oficialmente nadie quiere tocar, continúa generando molestia entre algunos socios. La versión que circula es que un instructor de tenis fue separado de sus clases con jóvenes tras ser señalado por un presunto caso de abuso sexual contra una de sus alumnas, pero en lugar de ser dado de baja, únicamente habría sido reasignado a otras actividades dentro del mismo club.
Lo que más inquieta no es solamente el señalamiento, sino la percepción de que el asunto habría sido manejado con absoluto hermetismo.
Entre algunos socios la pregunta es inevitable: si existieron elementos para retirar al instructor de las clases con jóvenes, ¿por qué mantenerlo dentro de la institución?
En tiempos donde la protección de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad, el silencio rara vez ayuda. Los clubes deportivos tienen la responsabilidad de actuar con transparencia, aplicar protocolos claros y brindar certeza tanto a las presuntas víctimas como a las personas señaladas, respetando siempre el debido proceso. Em breve comentaremos en “Sin Pelos en la Lengua” más de este caso que indigna a socios del reconocido club social y deportivo de tipo familiar.
EL aseguramiento de casi 28 mil litros de combustible de presunta procedencia ilícita por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado parecía una historia más de combate al “huachicol”. Sin embargo, donde realmente comenzó el ruido fue en los pasillos de la Fiscalía General de la República (FGR)-
Ahí, según versiones que circulan entre personal relacionado con el caso, los tres detenidos habrían declarado que un día antes de su captura entregaron 120 mil pesos a dos mandos de alto nivel de la Policía Estatal para que los dejaran operar sin problemas. Lo sorprendente, dicen, es que apenas 24 horas después terminaron esposados. Si existe algún indicio de que la denuncia sea cierta, el asunto deja de ser un simple decomiso para convertirse en una investigación sobre una posible red de corrupción.
Todo parece indicar que los detuvieron porque alguien incumplió un supuesto acuerdo ilegal, porque cambiaron las instrucciones o porque nunca existió tal pago, pero cualquiera de los escenarios merece ser esclarecido.
Por ahora, todo permanece en el terreno de los dichos atribuidos a los detenidos, sin que exista una confirmación oficial. Pero cuando un señalamiento de ese calibre apunta a mandos policiales, el silencio institucional solo alimenta las sospechas. Lo que correspondería es que la FGR investigue a fondo esas manifestaciones y determine si fueron un intento de evadir responsabilidades o la punta de un problema mucho más grave.
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