EN Morena Chihuahua la honestidad y la justicia tropezaron: una simple omisión dejó en ridículo a la dirigencia estatal y, de paso, blindó a dos diputadas.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia desechó la queja contra Rosana Díaz Reyes y Edith Palma Ontiveros no porque fueran inocentes, no porque su ausencia en la votación del endeudamiento estatal estuviera justificada, sino porque el documento presentado por la propia presidenta del Comité Directivo Estatal, Brighite Granados, carecía del requisito más básico: su firma.
Así, sin más. Sin rúbrica, no hay voluntad jurídica. Sin voluntad, el escrito es anónimo. Y lo anónimo, en política partidista, va directo al archivo muerto. Caso cerrado.
El problema no es solo la torpeza administrativa, sino la cadena de contradicciones que vino después. Mientras el expediente ya estaba sepultado por un error de origen, la dirigente estatal declaraba públicamente que el procedimiento seguía su curso, que incluso habría audiencia para las diputadas señaladas. Morena simulando disciplina interna mientras la sanción ya era legalmente imposible.
Lo más grave es que, al conocerse la resolución, la propia presidenta partidista ni siquiera tenía claro que la responsable directa de que no hubiera castigo era ella misma. No fue un sabotaje, no fue una mano negra: fue negligencia pura.
Este episodio desnuda algo más profundo que un descuido burocrático. Expone una dirigencia que exige cuentas, pero no revisa sus propios documentos.
Al final, las diputadas no estuvieron en su curul y tampoco habrá consecuencias. No porque Morena haya decidido perdonarlas, sino porque su liderazgo estatal fue incapaz de firmar un papel. Y así, entre discursos de transformación y prácticas de amateurismo, la impunidad volvió a ganar… con sello guinda, pero sin firma.
LA presencia y participación de elementos del Ejército de Estados Unidos en territorio chihuahuense vuelve a colocarse en el centro de la polémica, en medio de una cooperación militar que, aunque oficialmente se presenta como capacitación y adiestramiento, cada vez muestra señales de una intervención más profunda. Chihuahua se ha convertido en un punto estratégico para la coordinación castrense entre México y Estados Unidos. En el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, fuerzas del Comando Norte del Ejército estadounidense y personal militar mexicano mantienen entrenamientos conjuntos que se han intensificado, con ingreso constante de aeronaves militares y despliegues operativos que ya no pasan desapercibidos para la población.
A este escenario se sumó un hecho que encendió las alarmas en la región fronteriza. Un inusual movimiento militar sacudió a comunidades de Nuevo México y Texas, donde residentes observaron el paso de varios helicópteros de gran tamaño del Ejército de Estados Unidos volando en formación con rumbo a la frontera con México. El estruendo de las aeronaves y su desplazamiento coordinado generaron inquietud entre los habitantes, que no tardaron en cuestionar el objetivo real de ese despliegue.
Fuentes militares y antecedentes recientes apuntan a que estos movimientos estarían relacionados con operativos de inteligencia y apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico, particularmente en estados del norte como Chihuahua, donde operan grupos del Cártel de Juárez y del Cártel de Sinaloa.
En los últimos meses, presuntos cabecillas criminales han sido capturados en territorio chihuahuense y posteriormente enviados a Estados Unidos, lo que ha reforzado la percepción de una colaboración que va más allá del simple intercambio de información. Entrenamientos, sobrevuelos y traslados aéreos forman parte de una dinámica que, para muchos, ya representa una intervención de facto.
Mientras el discurso oficial insiste en el respeto a la soberanía nacional, los movimientos militares, la presencia de personal estadounidense y la actividad aérea en la región fronteriza colocan a Chihuahua como uno de los principales escenarios de una estrategia binacional que avanza entre el sigilo y la preocupación social.
EN la política local siempre hay castings involuntarios, pero el del nuevo “comunicador” del panismo capitalino merece mención honorífica. La prensa de Chihuahua no lo trae de guasa por casualidad: Jorge Soto como vocero del Comité Directivo Municipal es la versión política del burro con flauta… la sostiene, la presume, pero no tiene la menor idea de para qué sirve.
El problema no es solo el nombramiento, es el espectáculo. Un “vocero” que se manda comunicados a sí mismo, que se autopromociona, que se cita, se aplaude y se entrevista en espíritu, pero que no ejerce la función básica de un comunicador: comunicar. No informa, no aclara, no construye narrativa. Solo hace política… mal disfrazada de boletín.
Y ahí está el detalle fino del desastre: lo político le brota por los poros. No sabe separar el rol institucional del protagonismo personal. No entiende que un vocero no es candidato, ni tribuno, ni influencer, ni opinólogo, ni estrella del show. Es un puente. Y aquí no hay puente: hay un muro de ego.
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