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«Que el presidente saque las manos de las decisiones de la Corte» Laura Contreras

Noticias de Chihuaua.- “Las decisiones jurisdiccionales se acatan, no se cuestionan”, señaló la diputada federal Laura Contreras, previo al análisis que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la prisión preventiva de oficio por ser inconvencional.

La legisladora señaló que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con ayuda de la pasada legislatura, han creado un sistema penal más inquisitivo, que va en contra de los criterios que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Laura Contreras, añadió que ha sostenido pláticas con abogados reconocidos de la Ciudad de México, quienes le han explicado que tener a una persona en prisión sin tener una sentencia, es una pena anticipada.

“Algunos delitos deben tener la prisión preventiva, pero justificada. Como ejemplo te puedo mencionar lo que vivió Chihuahua en la pasada administración, donde por medio de esta medida cautelar, se cometieron un sin número de violaciones a derechos humanos a exfuncionarios y seguramente el Estado tendrá que indemnizar”, señaló la legisladora.

Añadió que los diputados de Acción Nacional respetarán la postura que tome el máximo tribunal y se pronunció en contra de los ataques hacia los ministros por parte del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, desde la mañanera.

Recordó que los ministros sesionarán el próximo cinco se septiembre y estará atenta a la resolución que salga de esa nueva reflexión, ya que es posible que los legisladores tengan que hacer modificaciones al artículo 19 de la Constitución.

Cabe señalar que, en la audiencia del viernes 26 de agosto, los abogados de la Corte Interamericana analizaron el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, dos ciudadanos mexicanos quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años, por su presunta participación en el asesinato de María de los Ángeles Tamez Pérez, ex regidora de Atizapán, Estado de México.

La Corte determinó que García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron incriminados por las autoridades mexiquenses mediante detenciones arbitrarias y tortura, lo que significa que no tuvieron un juicio justo ni una sentencia, siendo legalmente inocentes.

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