LA política de seguridad en Chihuahua parece cada vez más un espectáculo de promesas rimbombantes que se derrumban al primer choque con la realidad. Apenas hace tres días, el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, se ufanaba de instalar a la altura del kilómetro 16, en la intersección de la carretera a Aldama y el Libramiento Oriente, una célula del grupo BOI con todo el despliegue mediático: perros, la famosa “Black Mamba” y la Plataforma Escudo.
Sin embargo, el guion cambió demasiado pronto. En el mismo punto donde supuestamente se reforzaría la seguridad, aparecieron dos cuerpos ejecutados, acompañados del clásico “narcomensaje”, dejando en claro que la autoridad puede presumir operativos, pero el crimen organizado marca territorio a sangre y fuego. Lo más grave no es sólo la contradicción entre la promesa y el resultado inmediato, sino la señal de burla que el crimen manda: “… este es el primero de muchos para que sepan que desde Aldama a Ojinaga mandamos”.
La instalación también de un retén militar después del hallazgo no cambia el fondo del problema: la autoridad actúa siempre a destiempo, reaccionando después de los hechos, administrando cadáveres y levantando cintas amarillas como si eso fuese disuasivo. Mientras tanto, el “efecto cucaracha” que tanto dicen querer evitar se convierte en el “efecto búmeran”: lo que se presume como golpe de autoridad regresa en forma de desafío criminal, exhibiendo la fragilidad del Estado.
Los delincuentes no sólo conocen los puntos ciegos de la estrategia oficial, sino que se permiten exhibirlos. La credibilidad de las autoridades policiacas municipales, estatales y federales queda por los suelos cuando en cuestión de horas se demuestra que las promesas de blindaje se diluyen ante la violencia que sigue dictando las reglas.
PUES aquí otra historia donde el juez favorece a padre deudor alimentario, ordenando que este cobre pensión…!sin tener a la niña! Esto solo refleja la enredada y, para muchos, injusta forma en que ciertos juzgados manejan los casos familiares.
Y es que desde el 6 de marzo de 2025, la niña vive bajo el cuidado de su abuela materna, luego de que un Juzgado intentara retirarla de ese hogar. Sin embargo, apenas ahora se “reconoce oficialmente” que la abuela sea el hogar de acogimiento. Es decir, la burocracia tardó casi medio año en aceptar lo que en los hechos ya ocurría.
El trasfondo es todavía más grave: el padre, Walter, nunca ha cumplido con su obligación de dar pensión alimenticia, ni a la madre de la menor, ni mucho menos a la abuela que realmente la sostiene. En cambio, el Juez Pablo Carmona emitió un oficio para que el descuento salarial aplicado a la madre —un 12.5% de su ingreso destinado a la pensión de la menor— sea entregado… ¡al propio padre!
En otras palabras, el dinero que corresponde a la niña y debería recibir la abuela materna, quien efectivamente la mantiene, termina en manos de un padre que no tiene la custodia ni se hace cargo de ella.
El cuestionamiento
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede justificarse que un juez otorgue el control del recurso al progenitor ausente, en lugar de garantizar que llegue directamente a quien cuida a la menor?
Lo que parece un tecnicismo legal es, en realidad, una anomalía que vulnera los derechos de la niña y que, según testimonios, no es un caso aislado. Para muchos, esto confirma que el juzgado no protege el interés superior de la menor, sino que se pliega a formalismos que terminan beneficiando al padre irresponsable.
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