Una vez que se conoció de este recurso, el expediente se turnará a uno de los ministros para que determine si cumple con los requisito de ley y, en su caso, se elabore el proyecto de sentencia que se discutiría en el pleno.
Se trata de la cuarta acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR por casos similares, al advertir que dichas reformas van en contra de las leyes generales en materia anticorrupción.
