EL homicidio del activista indígena José Antonio Montes Enríquez, ocurrido días atrás en el municipio de Bocoyna, trae muchas dudas.

Ya hasta el mismo fiscal de esa zona señaló que las primeras versiones indican que su asesinato fue producto de una riña familiar, pero solo eso.

La autoridad no ha demostrado nada, solo dichos para evitar más manifestaciones y voces que exigen justicia.

Es de recordar que Montes Enríquez denunció en diversas ocasiones la tala clandestina de bosques en la zona Serrana, y de igual manera tuvo una importante participación en el fideicomiso por 65 millones de pesos creado para indemnizar a comunidades afectadas por la construcción del aeropuerto de Creel, que por cierto no ha cumplido las expectativas.

Por ello, queda la menor duda ante la opinión pública el móvil del crimen, pero la autoridad ya se adelantó para señalar que todo fue un pleito.

DONDE también pasa algo extraño es en la entrega de los apoyos a los adultos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que todo es un caos con los pagos. Algunos beneficiaros cobran en persona, a otros les pagan a través de Telecom, otros tienen tarjeta de Banco Azteca, aunque nunca les han depositado ahí y otros más reciben su pago a través de Banamex, donde resulta que las personas solo pueden retirar múltiplos de 100 pesos, por lo que si su cuenta termina por ejemplo, en 80 pesos, ese dinero ya no lo pueden retirar. Además no pueden usar la tarjeta como método de pago, pero resulta que además de todo cuando creían que los 80 pesos estarían ahí para el siguiente pago, resulta que no. Al acudir a cobrar una nueva emisión del apoyo ya no están los 80 pesos, así que alguien se está quedando con ese dinero, o el banco o la Secretaría de Bienestar. Más aun, multiplicado por cada uno de los usuarios de ese programa que cuenten con tarjeta Banamex.

LA diputada Marisela Sáenz Moriel ha demostrado tener los ovarios que a muchos les faltan en el Congreso del Estado.

La legisladora llamó, prácticamente,  metiche a la Secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila por entorpecerse en la autonomía de los Poderes Legislativos con el controvertido Pin parental que no es otra cosa que arrebatar a los padres de familia la educación de sus hijos.

Por ello, mediante un exhorto presentado en la sesión ordinaria de la diputación permanente, se exigió al ejecutivo federal para que gire las instrucciones pertinentes a la  Olga y deje de meterse en la autonomía y facultad de concurrencia del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, y respete el Estado de Derecho Constitucional del Poder Legislativo de las Entidades Federativas.

Esto, luego de que el pasado 12 de junio del año en curso, la Secretaría de Gobernación en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) elaboró una ficha informativa en la cual se analiza de manera imparcial e incompleta la Iniciativa en materia de Derecho preferente de los padres a decidir la educación de sus hijos denominada PIN PARENTAL.

Logrando la mayoría de votos por parte de los diputados, Sáenz Moriel recordó que a través de una reforma y la adición del artículo 130 de la Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua  para que padres y madres intervengan en el proceso de educación de sus hijos,  manifiestan que  es ilegal, inconstitucional y violatoria de derechos humanos dicha iniciativa.

Por ello, la legisladora aclaro que es aquí donde nace y compete su facultad concurrente de legislar y presentar iniciativas en relación a una norma general como lo es el tema de la educación y representar las solicitudes, peticiones, pero sobre todo la injerencia,  participación y derecho de los padres de familia en la educación de sus hijos.

HABLANDO de asuntos legislativos y peleas,  un diputado acusó a otro legislador de falsificar la firma de otro legislador para citar a una reunión de comisión en la que ¡oh, sorpresa! se discutirían varias iniciativas de reforma electoral, pero que curiosamente, la reunión citada para este lunes a las 8:30 horas, no se realizó, y el diputado de Morena borró su publicación en la que acusaba al panista Miguel La Torre prácticamente de fraude.

 

 

 

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