ABELARDO Valenzuela Holguín llegó a la Fiscalía Anticorrupción con una misión clara. Tres años después, esa tarea no se cumplió y hoy el tropiezo es público: el caso contra Javier Corral se vino abajo y dejó en evidencia una estrategia que no resistió el primer gran filtro jurídico.

La persecución impulsada por Abelardo terminó estrellándose contra la realidad legal. Los señalamientos por peculado no pueden ser juzgados en tribunales locales y deberán ventilarse en el fuero federal, lo que deja fuera tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a jueces del estado. En términos prácticos, el expediente más mediático del fiscal quedó sin cancha.

Lejos de asumir el revés, Valenzuela Holguín anunció que no retirará la denuncia ni entregará los expedientes, desafiando la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito. La postura tensó aún más el ambiente dentro de la cúpula gubernamental, donde —tras el fracaso— hay arrepentimiento por haberlo colocado en el cargo.

El giro irónico es que la insistencia podría tener consecuencias para el propio fiscal. La Fiscalía General de la República mantiene investigaciones abiertas por presuntas violaciones legales y de derechos humanos, lo que abre la posibilidad de que quien buscaba encarcelar termine rindiendo cuentas.

Así, el caso que debía consolidar a la Fiscalía Anticorrupción terminó exhibiendo debilidad institucional, errores de cálculo y un conflicto que ahora rebasa el ámbito local. La pregunta que queda en el aire no es menor: ¿quién asumirá la responsabilidad política de un nombramiento que hoy pasa factura?

FUE la última jalada del 2025 y la primera mentira oficial del 2026. Así, sin anestesia. Un oficio con número, membrete y firma —el 147/2025— salió muy serio desde la Secretaría General de Gobierno anunciando la cancelación de carreras de caballos, peleas de gallos, jaripeos, lazadas y demás espectáculos catalogados como de giro negro, dizque por motivos de inseguridad. El documento, firmado por Salvador Caballero Ramírez, fue notificado a Municipios, Estado y Federación. Todo muy institucional. Todo muy formal. Todo… falso.

No pasaron ni 72 horas cuando la realidad —esa cosa incómoda que no cabe en los oficios— le reventó en la cara al gobierno. En exclusiva, La Parada Digital exhibió video de Flores Magón, a poco más de 200 kilómetros de la capital, donde hubo exactamente todo lo que estaba “prohibido”. Carreras, gallos, fiesta y cero autoridad. La orden institucional duró menos que un boleto de cerveza.

Una semana después, el cinismo se puso corbata al estilo western con Wrangler y Ariat. Promotores de estos eventos, provenientes de Chihuahua, Juárez, Ojinaga, Parral, Camargo, Madera, Ascensión, Guachochi, Galeana, Nuevo Casas Grandes y Delicias, se plantaron en Palacio de Gobierno para llorar porque les cancelaron permisos. Argumento central: “muchas familias viven de esto”. Y entonces vino la joya de la corona: en Gobierno les dijeron que el tema quizá solo duraría 15 días. O sea, calma, aguanten tantito… que ya casi se puede violar la prohibición con bendición oficial.

¿A qué juegan las autoridades? ¿A gobernar o a simular? Porque mientras el discurso habla de inseguridad, masacres y líderes del narcotráfico rondando estos eventos, en los hechos todo sigue igual. Flores Magón ya lo evidenció. Santa Bárbara, La Casita, el Lienzo Charro, Rosales el fin pasado, pelea de gallos en Delicias y la lista sigue. Prohibido en papel, permitido en la vida real.

Aquí no hay error administrativo ni “malentendido”. Hay un doble discurso descarado. Se cancela para quedar bien, se tolera para no incomodar y se promete que “es temporal” para que nadie se enoje demasiado. Gobierno jugando a la autoridad y promotores jugando a la víctima, mientras la ley queda como espectadora.

Si estas actividades son tan peligrosas como dicen, ¿por qué no se detienen? Y si no lo son, ¿para qué montar el teatro de la prohibición? Al final, el mensaje es claro: en Chihuahua, las órdenes institucionales se respetan… solo cuando no estorban. Y la inseguridad, esa, seguirá siendo el pretexto perfecto para seguir jugando al gato y al ratón con la ciudadanía.

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