LA detención de César Jáuregui Moreno no solamente sacudió los tribunales, también puso a temblar el tablero político del PAN en Chihuahua, donde la crisis interna y las inconformidades por el llamado ‘dedazo’ a favor de Santiago de la Peña han abierto la discusión sobre un posible plan B: buscar un tercer aspirante a la Presidencia Municipal.
Y es que, con el panismo dividido, las protestas de simpatizantes de Jáuregui y los cuestionamientos a las decisiones de la dirigencia, comienza a circular la versión de que algunos sectores estarían considerando una salida distinta: dejar fuera de la contienda interna a Santiago de la Peña, a quien sus detractores señalan por su origen chilango y priista, y apostar por un panista de cepa, con trayectoria y reconocimiento entre la militancia.
El pequeño detalle es que, según esta versión, todavía no encuentran al personaje que pueda reunir esas condiciones y, sobre todo, convencer a los grupos enfrentados.
La posibilidad de un tercer aspirante, que hasta ahora no cuenta con confirmación oficial, reflejaría el tamaño de las diferencias internas que enfrenta Acción Nacional tras la detención de Jáuregui.
Mientras tanto, otro personaje que aparece en medio del ruido político es Alan Falomir, conocido como ‘El Cabrito’, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), a quien versiones aseguran que quiere meterse al ruedo.
El Cabrito se anda dejando ver con los ‘Gaudinis’, quienes han impulsado protestas y van a realizar movilizaciones vehiculares hacia instalaciones federales relacionadas con el proceso judicial.
La gran interrogante es si Acción Nacional logrará resolver sus diferencias o si la disputa por la candidatura terminará prolongando una crisis que ya trascendió las oficinas del partido.
Por lo pronto, Santiago de la Peña sigue en la conversación por la candidatura, César Jáuregui enfrenta su batalla judicial y el supuesto tercer aspirante continúa sin nombre, pero puede estar encabritado.
LA Fiscalía General del Estado parece tener una puerta giratoria durante esta presente administración. Cuatro funcionarios han pasado por su titularidad o despacho, entre salidas, relevos y nombramientos provisionales, situación que encendió las críticas de Morena por la falta de continuidad en una institución encargada de investigar delitos y procurar justicia.
En Congreso del Estado se cuestionó los constantes movimientos y puso sobre la mesa una pregunta incómoda para el Gobierno del Estado: ¿quién garantiza la continuidad de las investigaciones si ni siquiera existe certeza sobre cuánto tiempo permanecerá el actual encargado del despacho?
El primero en ocupar la Fiscalía durante esta administración fue Roberto Fierro Duarte, cuyo nombramiento contó incluso con el respaldo de Morena, aunque advirtió que desde entonces responsabilizaron políticamente a la gobernadora por los resultados de su propuesta.
Fierro dejó el cargo tras el motín y fuga del Cereso de Ciudad Juárez, donde murieron 17 personas, entre ellas diez custodios. Lo responsabilizan de esas muertes por ordenar que un helicóptero sobrevolara el penal, situación que puso tensión entre reos que pensaron que los iban a trasladar a otro lado, y sobrevino el llamado ‘jueves negro’. Pese a la gravedad de aquellos acontecimientos, el exfiscal no enfrentara un proceso judicial por esos hechos y posteriormente terminara al frente de la Secretaría de la Función Pública.
Después llegó César Jáuregui Moreno, cuyo nombramiento no recibió el respaldo de los diputados morenistas y cuya salida abrió otro capítulo de movimientos dentro de la institución.
El siguiente fue Francisco Sáenz Soto, quien quedó como encargado del despacho, pero su permanencia resultó breve. En lugar de concretarse el nombramiento de un fiscal definitivo, el gobierno colocó a Gilberto Loya Chávez, procedente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
En Morena se criticó precisamente esa cadena de relevos, pues consideró que una institución de semejante importancia no debería permanecer sujeta a constantes cambios de mando.
El señalamiento deja un problema de fondo: mientras cambian los responsables de la Fiscalía, sigue pendiente explicar cómo se garantiza la continuidad de las investigaciones, qué resultados dejaron los anteriores funcionarios y cuándo habrá un nombramiento definitivo.
Por ahora, cuatro nombres forman parte de la historia reciente de la Fiscalía durante el actual gobierno, pero las preguntas sobre la estabilidad institucional y la rendición de cuentas siguen abiertas.
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