TENSIÓN, gritos y acusaciones de amenazas continúan marcando el conflicto en la Escuela Primaria Narciso Mendoza, donde un grupo de madres de familia denunció que autoridades educativas, lejos de atender sus quejas, están confrontando a los propios padres entre sí.
De acuerdo con las inconformes, el problema se originó por presuntos malos manejos administrativos, actitudes indebidas y maltrato por parte de la directora y el subdirector del plantel. Ante la falta de respuesta, las madres cerraron la escuela en una ocasión como medida de presión y aseguran que han entregado oficios con pruebas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, al tratarse de una primaria federal.
Sin embargo, señalan que la respuesta institucional ha sido intimidatoria. Afirman que personal enviado por SEECH y por la Sección 8 del sindicato acudió al plantel, pero en lugar de abrir un diálogo, presuntamente las amenazaron y solicitaron presencia policial. Según su versión, incluso hubo confrontaciones entre padres que no estaban enterados del conflicto, lo que derivó en agresiones verbales y momentos de riesgo.
En un video difundido por las madres, se observa a una docente identificada como Ernestina, integrante del equipo directivo, supuestamente autorizando a un padre de familia a retirar cadenas colocadas como parte de la manifestación. Las denunciantes sostienen que esta acción puso en peligro su integridad física mientras realizaban una protesta pacífica.
Las inconformes aseguran que han acudido también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a instancias de protección infantil, además de presentarse en oficinas de SEECH, donde —según relatan— intentaron “silenciarlas” justificando las actuaciones de los directivos.
“Tenemos miedo”, expresaron, al señalar que la propia directora les habría dicho que pueden acudir a SEECH porque “no le hacen nada”.
Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido una postura oficial sobre las acusaciones.
LO que debía ser símbolo de modernidad y fortaleza institucional terminó exhibiendo fragilidad antes siquiera de cortar el listón. La llamada Torre Centinela perdió cristales por las rachas de viento, afectó vehículos oficiales y dejó personas lesionadas. Y todavía no está inaugurada.
No se trata únicamente de vidrios que se desprenden. Se trata de confianza pública que se hace añicos. Si una estructura concebida como emblema tecnológico y de seguridad no soporta condiciones climáticas previsibles en una ciudad conocida por sus fuertes vientos, la pregunta es inevitable: ¿qué tan sólida es realmente la obra?
Las autoridades activaron protocolos, llegó Protección Civil, se acordonó el área y se pidió a la población extremar precauciones. Todo correcto en el manual de reacción. Pero el problema no es la reacción, es la prevención. Un edificio de esta magnitud no puede permitirse fallas estructurales básicas antes de entrar en operaciones.
La narrativa oficial ha presumido innovación, inversión histórica y un nuevo modelo de vigilancia. Sin embargo, la imagen que hoy circula es la de cristales estrellados sobre el pavimento y daños en vehículos oficiales. No es un detalle menor: es un símbolo potente de improvisación o, en el mejor de los casos, de supervisión deficiente.
Cuando un proyecto público se vende como “capital” de un nuevo modelo de seguridad, debe resistir algo más que el discurso. Debe resistir el viento. Porque si el edificio se tambalea antes de inaugurarse, la credibilidad también.
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