EN los últimos días, el director de Pensiones Civiles del Estado, Dr. Miranda, ha salido a escena con un discurso optimista: asegura que “las cosas van mejor”. Sin embargo, para miles de derechohabientes que esperan una intervención quirúrgica, esa declaración no es más que una nube de humo que se desvanece frente a la realidad de los quirófanos vacíos.
Porque mientras desde la cúpula se presumen avances, en los pasillos de PCE la historia es otra. Pacientes que cumplieron con todos los requisitos administrativos, que esperaron meses —a veces años— un turno para una cirugía electiva, reciben de último momento la noticia de que su procedimiento ha sido suspendido. Sin explicación clara. Sin disculpa. Sin alternativa.
El malestar no es menor. No se trata sólo de un aplazamiento burocrático: es la interrupción de un derecho, la postergación de una esperanza y, en muchos casos, el alargamiento innecesario del dolor o la discapacidad. Estos pacientes, que confiaron en el sistema, hoy se sienten traicionados por una institución que debería velar por su bienestar.
El doctor Ortiz, cirujano general adscrito a Pensiones Civiles, expuso en redes sociales lo que muchos callan por temor a represalias: mientras unos hospitales siguen recibiendo recursos y privilegios del gobierno federal —y todos sabemos cuál es ese nosocomio con “vena panista”—, otros se quedan sin insumos, sin personal suficiente y sin capacidad para cumplir con su misión médica.
La suspensión de cirugías electivas no es un accidente logístico; es el síntoma de una política sanitaria inequitativa, donde el acceso a la salud parece depender más del color político de una institución que de la urgencia clínica del paciente.
El derecho a la salud no admite distinciones partidistas. Y los pacientes no son fichas de un tablero político: son personas con nombre, con miedo, con familias que también sufren. Cuando un quirófano se cierra, no sólo se detiene una cirugía: se frena una vida.
Es momento de que el doctor Miranda y su equipo dejen los discursos triunfalistas y expliquen, con datos y acciones concretas, por qué unos hospitales tienen todo y otros apenas sobreviven. La transparencia no es un favor: es una obligación y mientras tanto, los pacientes siguen esperando. Ya no una cirugía, sino una disculpa. Y sobre todo, justicia.
LA polémica por los presuntos abusos laborales al interior de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVI) y de Niñas, Niños y Adolescentes (UNNA) de la DSPM ya tiene respuesta.
Ante los señalamientos de trabajadoras que aseguran cumplir jornadas superiores a las 45 horas semanales, trascendió que los registros laborales contarían una historia distinta: el horario ordinario establecido sería de 30 horas por semana, mientras que, bajo circunstancias extraordinarias y conforme a la normativa aplicable, podría alcanzar hasta 36 horas.
La diferencia no es menor, particularmente porque se trata de áreas encargadas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, donde las emergencias difícilmente se ajustan a un horario de oficina.
La postura interna apunta a separar dos asuntos: por un lado, los derechos laborales deben respetarse, pero por otro, quienes forman parte de estas unidades tienen una responsabilidad especial derivada de la atención directa a víctimas.
En medio de la inconformidad también surgió otro elemento. Trascendió que algunas de las personas que han manifestado molestias contarían con actividades laborales adicionales y habrían buscado incorporarse a otras tareas que coincidían con sus horarios dentro de la corporación.
Esta situación, de acuerdo con las versiones internas, habría generado dificultades para cumplir de manera íntegra con las responsabilidades y horarios establecidos.
La inconformidad tampoco habría surgido de manera aislada. Según lo trascendido, personas cercanas y exintegrantes de la corporación habrían respaldado los reclamos, además de integrantes de un grupo que públicamente ha expresado desacuerdos con distintas decisiones tomadas al interior de la institución.
Así, el conflicto queda atrapado entre dos versiones.
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