-Todos se deslindan de la Feria de Santa Rita
-No da una Víctor Quintana
-Burocratismo y Chihuahua, lo mismo
– Flojos u omisos antes el Covid19

LOS boletajes de casi 7 millones de pesos de las Feria de Santa Rita y las tranzas de su patronato como el resto de los organizadores, traerán demandas y muchos problemas,

Tras su cancelación definitiva de la fiesta, y el tema de los reembolsos traer a varios perdidos, y otros más, desaparecidos.

Con ello se dice que ya hasta cambiaron hasta de presidente del patronato organizador, pues son muchos problemas de millones que trae arrastrando Federico Mesta Soulé.

Las deudas y los compromisos estaban sobre la espalda del patronato, y en vez de seguir agarrando el toro por los cuernos, Mesta Soulé prefirió huir.

YA van más de tres meses que Víctor Quintana Silveyra, renunció como secretario de Desarrollo Social del gobierno de JaCo.

Desde ese tiempo, el exfuncionario ha tratado de agarrar vuelo de popularidad en su búsqueda por la gubernatura de Chihuahua, siempre opinando sobre diversos temas, pero mucho le ha faltado.

Por ello, el también activista y académico, tuvo que adelantar que competirá para buscar la candidatura a gobernador de Chihuahua por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el próximo proceso electoral.

Lo anterior también para que lo sumaran en las encuestas donde ni aparece, y hablaran de él como hablan de los demás que buscan ese hueso.

En entrevista, Quintana Silveyra  ha señalado que cuenta con una preparación académica sólida y vasta experiencia en la función pública, además de un conocimiento de la problemática de la entidad desde sus bases, pero parece que anda solo en su búsqueda.

Todo parece indicar que al también exdiputado local nativo de Ciudad Cuauhtémoc no le ha valido tantos años en el activismo al verse tan solo en su adar.

LAS autoridades del Estado de Chihuahua le continúan fallando a la ciudadana en la simplificación de trámites.

Es un verdadero calvario acudir hacer un trámite gubernamental sin que la persona salga con dolor de cabeza y con dolor de pies, ya que lo mandan de un lado para otro.

Esto le valió para que el Estado fue mal calificado por los resultados del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.

El gobierno de JaCp sacó a Chihuahua de los cinco Estados más eficientes en materia de simplificación de trámites, al pasar la evaluación con un 3.04 de un total de 5 puntos.

Antes que Chihuahua, los cinco estados que lideran la calificación son Colima que alcanzó el 4.23, Nuevo León, Yucatán, Querétaro y Sonora, mientras que los cinco con la peor evaluación son Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca y Baja California Norte, que no alcanzó ni el 1.

Con ello queda asentado que no hay facilidad para hacer negocios, la simplificación de trámites y servicios, así como la transparencia y eficiencia de los procesos al interior de los gobiernos, por lo que Chihuahua quedó como un estado en el que hace falta mucho por mejorar.

HABLANDO de ineficiencias, la organización civil Transparencia Mexicana apuntó al Congreso del Estado de Chihuahua como una zona de comodines en esta contingencia.

Resulta que Chihuahua están entre los 31 congresos locales que han sido o flojos u omisos, o ambos en el seguimiento del COVID-19.

De acuerdo con el estudio realizado, de 33 congresos que hay en el país, 32 locales y uno federal, solo dos locales han creado una comisión especial para la mantener una sana vigilancia de los recursos destinados a atender la emergencia por la pandemia del Coronavirus COVID-19.

El estudio indica que aunque en materia de la emergencia sanitaria han comparecido funcionarios federales y estatales ante el congreso federal y locales, tras 100 días de la declaratoria de emergencia, sólo los Congresos del Estado de Sonora y de Coahuila, han hecho lo propio para dar un seguimiento específico a temas relacionados con el COVID-19.

Y es que para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes, y han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados por los órganos competentes, es decir, por el Poder Legislativo, que sin embargo, no han echado mano de la facultad de crear estas comisiones especiales, a través de las que están obligados a asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines.

 

 

 

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