CON bombo y platillo anunció la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el diezque traslado voluntario de 72 presos del penal de Aquiles Serdán al Cereso Estatal número 2, conocido como Unidad de Bajo Riesgo, lo que antes era la Penitenciaría del Estado.
Claro que solo los ingenuos se creyeron esa versión que el traslado fue voluntario, porque todos saben que la mayoría de los que reos que están en ese reclusorio soltaron un billete para tener ese beneficio, además, de que deben de estar pagando semanalmente otras cantidades para seguir gozando de ese privilegio.
El cereso estatal 2 lo prefieren la mayoría de los presos por las comodidades, para empezar las visitas son más accesibles, no se diga los permisos que les dan hasta se dan el lujo de hacer pedidos de DiDi Food, a ese grado está la cosa.
Y si se preguntan a dónde irá a parar el dinero de la venta de estadías en ese reclusorio, pues claro que a los bolsillos de algunos jefes y si no la creen, pregúntele al mero mero de los ceresos por parte de la SSPE de dónde está saliendo el billete con el que está construyendo locales y gimnasios allá por el rumbo de la carretera a Aldama, sin contar la granja donde vive, aunque esa es otra historia un poco más delicada y que amerita ser investigada.
EN la Fiscalía General del Estado, donde se supone que la justicia se pesa con lupa y se mide con reglas claras, hay un rincón donde las cuentas no cuadran… y no precisamente por errores matemáticos. En la Dirección de Servicios Periciales, específicamente en el área de peritaje contable, el problema no es la falta de números, sino el exceso de “moches”.
El personaje señalado responde al nombre de José Ignacio Sotelo, y según las quejas que circulan entre abogados litigantes, su especialidad no sería precisamente revisar balances financieros, sino cobrar “comisiones” para que los peritajes salgan milagrosamente favorables. Un sistema bastante simple: si hay pago, hay dictamen; si no hay pago, el expediente entra en una especie de limbo burocrático donde los meses pasan… y la justicia también.
Y claro, cuando alguien decide no entrarle al juego, la respuesta parece ser igual de técnica: retrasar el trabajo. Porque nada dice “institución comprometida con la legalidad” como un peritaje que se congela indefinidamente hasta que alguien entienda el mensaje.
Lo grave no es solo el rumor de los “moches”, sino el efecto que esto provoca en los procesos penales. Un peritaje contable no es un trámite cualquiera; puede definir el rumbo de una investigación, inclinar la balanza de un juicio o abrir la puerta a una acusación sólida. Cuando ese dictamen depende de una supuesta cuota informal, la justicia deja de ser un asunto legal y pasa a ser una simple transacción.
La pregunta es inevitable: si en el área de peritaje contable las cuentas se arreglan con “moches”, entonces ¿quién está llevando la contabilidad de la justicia? Y más importante aún… ¿quién la va a auditar?
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