Noticias de Chihuahua.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la reforma de integridad para candidaturas electorales, la cual impide a personas con sentencias por violencia de género o deudores alimentarios competir por cargos públicos. El pleno del máximo tribunal determinó que la medida no vulnera los derechos políticos de los aspirantes y protege el interés superior de la ciudadanía.
Los ministros destacaron que exigir una conducta proba a los aspirantes a puestos de elección popular es un requisito legítimo para garantizar la idoneidad y la ética en el servicio público. La resolución de la Corte deja firmes las causales de inelegibilidad establecidas en la legislación electoral, obligando a los partidos políticos a filtrar minuciosamente a sus abanderados para los próximos comicios.
Con este fallo definitivo, los organismos electorales del país contarán con el respaldo legal para rechazar el registro de cualquier perfil que cuente con antecedentes por violencia intrafamiliar, acoso sexual o morosidad en el pago de pensiones. Colectivos feministas y defensores de derechos humanos celebraron la decisión judicial como un avance histórico en la vida democrática del país.
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