Luego de reconocer que una reforma constitucional en Chihuahua es un tema que apoya desde hace mucho tiempo y en el que insistió en campaña, Corral explicó que en este compromiso se incluyen temas de participación ciudadana, como la revocación de mandato.

El gobernador electo recordó cómo ha compartido esta inquietud con la organización que encabeza José Luis Rodríguez, incluso lo hizo durante su participación en un foro organizado por Ciudadanos Vigilantes durante el 2015, donde se discutió la figura de revocación de mandato.

“Debo decirles que reconozco a Ciudadanos Vigilantes como una organización importante de lucha contra la corrupción, ojalá que hubiera muchos grupos organizados en torno a esta lucha, porque la corrupción política es el mayor problema de México, como de Chihuahua, es un cáncer que destruye la vida nacional, que aniquila la participación y la confianza ciudadana”, dijo.

El Gobernador explicó que la reforma política integral que plantea debe colocar al ciudadano como el sujeto esencial de la democracia y como el destinatario final de toda política pública.

“La verdadera reforma es la que coloque de nueva cuenta al ciudadano como un actor fundamental de las decisiones del poder y cree los mecanismos efectivos, eficaces verdaderos de esa participación” expuso.

Enfatizó que una reforma de este tipo castigaría no solo a los actuales funcionarios que hayan fallado en el gobierno, sino a los que en el futuro lleguen a la función pública y cometan actos de corrupción, sin embargo, advirtió que un cambio así no será fácil.

Durante su intervención, José Luis Rodríguez, que encabeza Ciudadanos Vigilantes, presentó al gobernador electo tres peticiones, una, regresar a la Constitución del Estado la figura de Revocación de Mandato, dos, la urgente necesidad de una Fiscalía Anticorrupción ciudadana y autónoma, no como la planteo Cesar Duarte; y el tercer punto, que una vez que inicie su gobierno se retome la investigación de la denuncia penal por fraude contra Héctor Murguía y Enrique Serrano, por el desfalco de más de 600 millones de pesos en el Plan de Movilidad Urbana.

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