LO ocurrido en el Cobach 10 debería encender todas las alarmas en Chihuahua. Que decenas de estudiantes hayan reaccionado aventando vapeadores por las ventanas al ver un operativo mochila no habla solamente de una falta al reglamento escolar; exhibe un problema de salud pública y de adicción que ya se salió completamente de control entre menores de edad.
Durante años se permitió que los vapeadores fueran vistos como un accesorio “moderno”, inofensivo y hasta “cool” en redes sociales. TikTok, Instagram y Facebook se llenaron de videos donde adolescentes aparecen vapeando entre risas, música y filtros, mientras influencers disfrazan la nicotina como una moda juvenil. El resultado hoy está frente a todos: preparatorias convertidas en puntos donde el vape circula con total normalidad entre estudiantes de 15, 16 o 17 años.
Lo más grave es que muchos padres ni siquiera saben qué consumen sus hijos. Los vapeadores dejaron de parecer cigarros electrónicos y ahora parecen memorias USB, plumones o cosméticos. Vienen con sabores dulces, colores llamativos y campañas diseñadas precisamente para enganchar adolescentes. Mientras las autoridades discuten operativos y decomisos, la industria y el mercado ilegal ya ganaron terreno en las aulas.
El operativo en el Cobach no resolvió el problema; apenas lo dejó al descubierto. Porque si los alumnos reaccionaron escondiendo o lanzando vapeadores por las ventanas, significa que el consumo ya es tan común que muchos jóvenes ni siquiera sienten miedo de portar esos dispositivos dentro de la escuela.
También hay responsabilidad oficial. Durante años las campañas preventivas fueron prácticamente inexistentes, mientras la venta de vapeadores se multiplicó en tiendas, redes sociales y hasta grupos de entrega clandestina por internet. Hoy cualquier menor puede conseguir uno con facilidad, muchas veces sin control alguno y con sustancias de origen desconocido.
Y mientras tanto, las redes sociales siguen haciendo el trabajo sucio: normalizar la adicción. Ahí nadie habla de ansiedad, daño pulmonar o dependencia a la nicotina; ahí todo se vende como rebeldía, estilo y aceptación social. El problema ya no es solamente educativo o disciplinario. Chihuahua enfrenta una generación de adolescentes atrapados entre la presión social digital y un mercado que encontró en los menores a sus mejores clientes.
EL informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vino a confirmar lo que en Chihuahua se quiso minimizar durante años: los migrantes se convirtieron en mercancía del crimen organizado y la frontera en un territorio donde desaparecer personas ya forma parte del negocio criminal. La propia CIDH advierte sobre secuestros, desapariciones, ejecuciones y redes transnacionales que operan con impunidad en las rutas migratorias, especialmente en estados fronterizos como Chihuahua.
Lo indignante es que el problema no apareció de la noche a la mañana. Desde enero de 2023, cuando César Jáuregui asumió como fiscal del estado, ya existían alertas públicas sobre el crecimiento del tráfico de migrantes, los secuestros y la violencia ligada al control de las rutas fronterizas. Ese mismo año explotó además la tragedia del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron decenas de personas bajo custodia del Estado, un hecho que la propia CIDH señaló como parte de un contexto sistemático de violaciones a derechos humanos contra migrantes en tránsito.
Pero mientras organismos internacionales advertían sobre una crisis humanitaria, en Chihuahua las autoridades siguieron administrando el problema con declaraciones, operativos mediáticos y discursos vacíos. No hubo una estrategia contundente para frenar las desapariciones, desmantelar las redes criminales ni proteger a las víctimas. El crimen organizado entendió rápidamente que el tráfico de personas dejaba millones y que prácticamente nadie iba a frenarlos.
Hoy el escenario es todavía más grave. Informes y denuncias internacionales señalan incluso posibles colusiones de autoridades con grupos criminales, además de una impunidad casi absoluta en los casos de desaparición y secuestro de migrantes. La CIDH dejó claro que México enfrenta una crisis estructural de desapariciones, donde las víctimas quedan atrapadas entre criminales, corrupción e instituciones rebasadas.
Y mientras eso ocurre, Chihuahua sigue acumulando fosas, cuerpos sin identificar y familias buscando desaparecidos. El gobierno sabía desde hace años que la frontera se estaba convirtiendo en un cementerio clandestino para migrantes, pero prefirió reaccionar tarde, cuando el problema ya había crecido hasta convertirse en una vergüenza internacional.