LA semana pasada fue colgada una lona con un mensaje firmado por el grupo delictivo La Empresa, dirigido al director del Cereso Aquiles Serdán, y eso desató la molestia de sus autoridades.
Ese mismo día hubo una revisión especial contra integrantes de esa organización criminal, y los traen ‘en jabón’.
A Sin Pelos en la Lengua trascendió que los reclusos que pertenecen a La Empresa fueron agredidos por los custodios, despojados de sus pertenencias y encerrados, “laqueados”.
Asimismo, trascendió, que hubo amenazas contra los presos de La Empresa y les anunciaron que les suspendieron sus visitas por tiempo indefinido.
La lona fue colgada en un puente peatonal de la avenida Teófilo Borunda y decía; Este mensaje es dirigido pal 01 del CERESO #1 se le paga plaza para droga y no cumple desaste del marrano comandante Díaz o lo vamos a tumbar. Atte. La Empresa”.
LO que ocurre en Chihuahua con la Comisión Nacional del Agua no es un escándalo menor, pues las voces se levantan desde Delicias, Camargo y la capital.
Primero el alcalde Jesús Valenciano pide la destitución del delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua, Román Alcántar Alvídres, y cuando el diputado Arturo Zubía impulsa frenar el uso de presas para cumplir compromisos internacionales, lo que hay detrás es algo más profundo: una crisis de credibilidad.
Porque no se trata solo del agua, sino de quién la controla y cómo se administra. Las acusaciones son graves: cobros ilegales, uso faccioso del poder, intimidación laboral y una red de favores que, de confirmarse, convertirían a la delegación estatal en una estructura al servicio de intereses particulares.
El problema es que, mientras estas denuncias se acumulan, la respuesta institucional sigue ausente. No hay investigaciones visibles, no hay posturas claras, no hay consecuencias.
Productores sienten amenazado su recurso, trabajadores inconformes que ya han llegado al paro, y una narrativa creciente de que las decisiones no se toman en función del interés colectivo, sino de cuotas de poder.
El trasfondo político tampoco puede ignorarse. La presión por cumplir compromisos internacionales en materia hídrica ha reavivado viejas heridas en Chihuahua, donde el agua del río Conchos y sus presas no solo representa un recurso, sino un símbolo de soberanía regional. Cualquier intento de disposición sin consenso enciende alarmas.
Pero el mayor riesgo no está solo en el conflicto, sino en la normalización del abuso. Si las instituciones permiten que estas prácticas prosperen sin consecuencias, el mensaje es claro: el poder se ejerce sin rendición de cuentas.
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