.CÉSAR Omar Muñoz Morales, actual secretario de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez, se ha convertido en una figura profundamente polémica: mientras algunos lo ven como un servidor público con experiencia y liderazgo, otros lo consideran el rostro de la impunidad, el abuso de poder y la complicidad con estructuras criminales.
Aunque presume hoy de títulos académicos en Derecho, Seguridad Ciudadana y hasta un doctorado Honoris Causa, lo cierto es que su trayectoria está marcada por sombras difíciles de ignorar. Se indica que en el 2008 fue detenido por el Ejército Mexicano tras ser investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el grupo criminal “La Línea”. Aunque fue liberado posteriormente, fuentes federales confirmaron que fue registrado, interrogado y desarmado junto con otros elementos ministeriales de entonces.
De agente sin estudios a doctor con residencias y autos de lujo
En sus inicios, Muñoz Morales era un agente ministerial con escasos recursos, sin formación profesional y con una vida modesta en una zona popular. Hoy en día, su estilo de vida ha dado un giro dramático: múltiples propiedades, autos de lujo para él y su familia, y un discurso que, según críticos, no va a la par de los títulos que ostenta.
Se le ha cuestionado su capacidad académica y cognitiva, ya que no contaba con estudios hasta después de asumir cargos directivos. Diversas voces denuncian que fue beneficiado por el poder que ejerce, logrando acreditaciones y premios académicos sin el mérito correspondiente.
Una muestra de este cuestionado reconocimiento fue el doctorado Honoris Causa que le otorgó el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, una distinción que para muchos resulta irónica, al tratarse de un personaje que hasta hace poco no contaba con estudios superiores.
Acusaciones que no paran
Durante su nombramiento en 2021, diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre su historial y denunciaron presuntos abusos de poder. Más recientemente, en 2025, fue severamente criticado por la infiltración de un agente apodado “El Monster”, quien ingresó a la corporación pese a contar con antecedentes preocupantes. Esto evidenció la falta de supervisión y control en los exámenes de confianza, que debieran ser obligatorios para todo elemento policial.
Además, ha sido señalado por la misma tropa, por ordenar la liberación de detenidos, asignar agentes a cuidar propiedades de políticos y empresarios allegados al poder, y operar lo que llaman una “franquicia de corrupción” en la dirección de Tránsito Municipal.
Transportistas, bares, grúas, taxistas digitales y negocios nocturnos forman parte, según denuncias, de una red de “cuotas” para operar con impunidad: desde evitar detenciones hasta poder cerrar después del horario legal permitido.
LeBarón exige su salida
Ante este cúmulo de irregularidades, la familia LeBarón ha exigido su destitución, señalando que mintió en sus exámenes de Control y Confianza y que representa un riesgo institucional para Ciudad Juárez.
Y es que también agentes municipales en la frontera y estatales protegen… pero también despojan, ya que han acumulado más de 60 quejas por abusos y robos en lo que va del año.
Para muchos ciudadanos no brindan seguridad, siembran el miedo. Tan solo en lo que va del año, se han presentado 31 quejas formales en contra de agentes de la Policía Municipal por violar principios básicos como la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones. ¿La constante? Robos descarados a trabajadores recién pagados.
La mayoría de los casos están relacionados con lo que coloquialmente se conoce como “bolseo”, es decir, el robo de dinero por parte de los uniformados durante revisiones o detenciones arbitrarias. Las víctimas más frecuentes son personas que acaban de recibir su salario y que terminan con los bolsillos vacíos tras un “encuentro” con quienes se supone deberían protegerlos.
Pero los agentes de la Fiscalía General del Estado no se quedan atrás. En el mismo periodo, acumulan cerca de 30 quejas, aunque con una variedad de motivos que también apuntan a abusos de poder, intimidaciones y violaciones a derechos civiles.
Ante este panorama, la ciudadanía ha perdido toda confianza en sus instituciones de seguridad. Ver una patrulla ya no representa tranquilidad, sino temor a ser despojado, intimidado o humillado. ¿Hasta cuándo las autoridades seguirán permitiendo este tipo de abusos que degradan el tejido social y traicionan la función más básica de un cuerpo policial?
La justicia, de momento, brilla por su ausencia… y la impunidad, como siempre, anda bien uniformada.
EN Soriana Saucito, mientras algunos mortales buscan estacionamiento con el alma en vilo y dando vueltas como zopilotes en búsqueda de un lugar, los taxistas del sitio Barrancas ya encontraron la fórmula mágica: apropiarse con todo descaro de los cajones preferentes, esos que están reservados para personas con discapacidad o adultos mayores… pero que, al parecer, ahora también aplican para egos inflados y autos con stickers de sitio.
Clientes se preguntan si acaso tener un taxi con placas desgastadas y un aire acondicionado que no enfría ya cuenta como discapacidad legal o si Soriana ha abierto un nuevo programa de “Preferencia para los que se creen dueños del estacionamiento”.
“Nomás les falta ponerles su nombre a los cajones y una plaquita que diga ‘Reservado para el don verga… del Tsuru blanco’”, comentó entre risas una clienta que tuvo que estacionarse casi en El Palomar.
A pesar de los reclamos, los conductores del sitio Barrancas ni se inmutan. Al contrario, responden con mirada retadora y frases como “¿y qué tiene?”, como si la banqueta, los pasos peatonales y los lugares azules vinieran con el logo del sindicato.
Mientras tanto, Soriana Saucito guarda silencio, como si estuviera tan resignada como sus clientes. Al parecer, en este supermercado ya se acepta que la movilidad y el respeto se estacionaron… pero en otro lado.