Chihuahua.- Tres meses después de que dos policías amedrentaron a una familia, uno de ellos dentro de la propia casa, porque los estaban grabando al andar sin cubrebocas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, emitió una recomendación tanto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Emilio García Ruiz como a la alcaldesa de Chihuahua María Eugenia Campos, para que se sancione a los policías y se repare al daño a la familia.

Se trata de la Recomendación 16/2020, sobre un acto intimidatorio ocurrido el 29 de abril en la colonia Díaz Ordaz, donde un hombre grabó a los dos policías señalándolos de no portar cubrebocas, a lo que el policía perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, DSPM, “acudió al hogar para asediarlo, ordenarle meterse a su domicilio y además darle de manotazos a la puerta de tela mosquitera del quejoso, cerrándola y abriéndola con fuerza, causando pánico en la esposa y el menor hijo, todo sin contar con un mandamiento escrito de la autoridad competente que fundara y motivara la causa legal del procedimiento”.

En tanto, dice el texto de la CEDH, “el agente adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad se introdujo indebidamente al domicilio, tampoco contaba con un mandamiento escrito de la autoridad competente, que fundara y motivara la necesidad de ingresar al domicilio del quejoso que no se encontraba en flagrancia de algún delito”.

La Comisión también recriminó que la DSPM validó el informe policial de ese día de su agente, en el que dijo que el hombre que grabó el video “era de los conflictivos del lugar, drogadicto (…)”, lo que la corporación aceptó como justificación para los hechos, aun cuando “el agente vulneró el derecho humano del quejoso al trato digno, pues el agente le impuso una etiqueta, es decir, prejuzgó al impetrante en razón de su persona y no de sus actos”, se agrega en el texto.

Por todo ello, y a pesar de que ese mismo día de los hechos el titular de la DSMP Gilberto Loya dijo que el agente fue arrestado y sujeto a la decisión de la Comisión de Honor y Justicia, la Comisión pide en su recomendación que se sancione a los culpables, que las víctimas sean inscritas en el Registro Estatal de Víctimas, y atendidas psicológicamente, así como que se haga todo lo necesario para que no se repitan conductas así.